Piden que no prescriban dos hechos de corrupción en los que están involucrados Jaime y Uberti

El 6 de julio pasado el juez Sebastián Casanello determinó que habían prescripto dos casos de corrupción en los que están involucrados dos ex funcionarios que ocuparon cargos importantes en el gobierno cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada allá por 2003.

Ricardo Jaime, investigado en varios casos de corrupción, ocupó la Secretaría de Transporte entre 2003 y 2009. Claudio Uberti fue, hasta el escándalo de "La valija de Antonini Wilson", el encargado del Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), y se lo conocía como "El señor de los peajes".

Ambos fueron imputados por el fiscal Carlos Rívolo porque Jaime utilizó dos autos que estaban en la órbita del Estado para su uso personal.

Uno de ellos -por eso está imputado Uberti- estaba destinado al control de una ruta con peaje. Pero Jaime lo usaba como auto particular, se lo daba a manejar a un chofer -que no era de la Secretaría de Transporte- a quien contrataba por 100 pesos diarios y que también llevaba y traía a las hijas del ex funcionario.

El otro auto que Jaime usaba como propio estaba destinado a la supervisión de una obra pública ferroviaria.

Rívolo imputó tanto a Jaime como a Uberti por el delito de peculado de uso. Pero Casanello determinó que los autos nunca fueron sacados de la órbita del Estado. Dijo que cometieron delito, pero el de malversación. Que como tiene una pena menor que el de peculado, está prescripto. Es decir que por el paso del tiempo, no se puede avanzar en el caso.

Rívolo apeló la decisión de Casanello porque quiere que los casos sigan bajo investigación y los ex funcionarios sean procesados por un delito de corrupción que tiene una pena mayor, entonces no habrían prescripto.

El fiscal sostuvo que el análisis que hizo Casanello para cambiar el enfoque de la investigación no es correcto.

Rívolo señaló que Casanello -sin que se hubiera agregado elementos en la investigación- modificó la calificación por la que Jaime y Uberti fueron imputados e indagados.

El fiscal mantiene en cambio la calificación prevista en el artículo 261 del Código Penal, figura que prevé una pena máxima de diez años de prisión o reclusión e inhabilitación absoluta perpetua.

Para Rívolo, según la contestación que le envió a Casanello: "Ricardo Raúl Jaime sustrajo de la órbita de administración estatal -con la necesaria participación de Claudio Uberti, quien se encontraba a cargo del OCCOVI -uno de los rodados destinados a la inspección de una obra vial (donde y para cuyo destino fue entregado por la empresa concesionaria Vial 3 S.A. al OCCOVI, en cumplimiento de obligaciones contractuales), que le dio un destino y uso distinto a aquel que tenía asignado en el Pliego Técnico Particular – supervisión de las obras - y que lo utilizó de manera particular, como si fuera el dueño y en su propio beneficio".

En el caso del otro auto usado por Jaime el fiscal sostuvo lo mismo. Y por eso, según sus fundamentos, los casos no prescribieron. Reiteró entonces el pedido de procesamiento de Jaime y Uberti. Ahora debe decidir la Sala I de la Cámara Federal.