"Este tipo de norma inconstitucional surge de la ausencia de discusión pública de la temática y de una combinación de ignorancia de sus autores y número propio para impulsarlo", aseguró en InfobaeTV la licenciada Beatriz Busaniche de la Fundación "Vía Libre", que trabaja en temas de libertad de expresión.
La semana anterior, recibió despacho favorable de la comisión de garantías un diseño de ley que, supuestamente, intenta poner freno a los insultos, agravios y discriminaciones que se publican en plataformas de internet y diarios digitales. La iniciativa lleva la firma de legisladores del Frente para la Victoria como Remo Carlotto, Diana Conti, Carlos Heller y Andrés "el Cuervo" Larroque y pretende ejercer una suerte de control previo a la publicación de ideas o comentarios de foristas y usuarios de internet. Además, busca corregir y aumentar la actual ley antidiscriminatoria 23.592 sancionada en 1988.
"Eso es censura previa prohibida expresamente por la Constitución Nacional", sentenció con énfasis Busaniche. Y agregó: "Jamás puede prohibirse previamente la publicación. En todo caso debe haber un control judicial posterior con la sanción del caso".
La misma norma en discusión en el Congreso alcanza a redes sociales como Twitter o Facebook creándose al efecto una serie de tipos penales que sancionarían no sólo al autor del comentario sino también a los responsables de las plataformas digitales: "Es tan amplio lo que se propone que se habla de creencias religiosas, de género y hasta ideologías en general con un etcétera final en el artículo 21 del proyecto que deja librado a la discreción del Poder Ejecutivo qué sancionar y qué no", graficó la integrante de "Vía Libre".
"En una hipótesis extrema, quien se sienta ofendido por la astrología al considerarla desde su ideología como una "seudociencia" podría accionar para impedir la publicación de horóscopos", setenció la estudiosa.
Cabe destacar que la jurisprudencia argentina es pacífica a la hora de recordar que, como lo quiso el constituyente Juan Bautista Alberdi, la libertad de expresión debe ser la más amplia de todas las amparadas por la Carta Magna y deben evitarse al máximo reglamentaciones que la restrinjan. Así lo viene sosteniendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde tiempos inmemoriales hasta el caso más reciente, en 2014, de la modelo María Belén Rodríguez contra buscadores de internet en el que se dijo que es filosófica y materialmente imposible hacer censura previa en la web.
Busaniche alertó sobre la falta de discusión legislativa: "Salvo los diputados Manuel Garrido y Myriam Bregman, el resto de los legisladores no se han manifestado al respecto".
Ante la sensibilidad del tema, correspondería que todos los mandatarios de todos los partidos políticos dieran a conocer su posición para saber si creen en el derecho a la expresión como defiende una república o prefieren delegar en el Poder Ejecutivo de turno la facultad de opinar, comentar o incluso divulgar ideas sin censura previa, clásico instrumento de gobiernos que desprecian estas libertades esenciales.
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