Condenaron a 10 ex agentes de inteligencia de Augusto Pinochet

La Justicia chilena dictaminó penas para los autores del secuestro y desaparición de un ex diputado del Partido Comunista y su esposa en 1976

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Un juez especial chileno condenó a 10 ex agentes de la temible Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el secuestro y desaparición de Bernardo Araya Zuleta, ex diputado del Partido Comunista (PC), y su esposa, María Flores Barraza, en 1976 bajo la dictadura de Augusto Pinochet.

En la resolución, el juez Miguel Vázquez Plaza determinó penas de 13 años de presidio, en calidad de autores del delito, para Manuel Contreras, que ya suma más de 500 años, de Pedro Espinoza y Ricardo Lawrence.

En tanto, los ex agentes Eduardo Cabezas, Jorge Díaz y Pedro Bitterlich tendrán penas en calidad de autores de 10 años y un día de presidio, y Orlando Altamirano, Orlando Torrejón, Clara Barros y Guillermo Díaz fueron condenados a 5 años y un día de presidio, en calidad de cómplices.

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El juez especial para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, también determinó que en el aspecto civil el Estado deberá pagar una indemnización total de 790.000.000 pesos chilenos (unos 1,2 millones de dólares) a familiares de las víctimas.

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Según los antecedentes de la investigación, los ex agentes de la DINA detuvieron a Bernardo Araya y María Flores, que en esa época tenían 64 y 60 años respectivamente, en la comuna de Quinteros, a 169 kilómetros al noroeste de Santiago, junto a sus 3 nietos y al hermano de Flores, los que posteriormente fueron liberados en la vía pública.

Los ex agentes de la DINA secuestraron a Bernardo Araya y María Flores

Luego, de acuerdo al informe, el matrimonio fue trasladado a un recinto en Santiago que era utilizado para planificar la detención de miembros del PC, en el cual había un organigrama de dicho conglomerado, y que además era usado como lugar clandestino de detención, desconociéndose desde esa época su paradero.

Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), según informes oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, y unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.