Las sentencias dictadas hoy por el juez federal de Paraná Sergio Moro a tres ex directivos de la constructora Camargo Correa son las primeras contra empresarios envueltos en el caso de corrupción en Petrobras. Los condenados son el ex presidente de la empresa Dalton Avancini, el ex vicepresidente Eduardo Leite, ambos a quince años y diez meses de prisión, y el ex presidente del Consejo de Administración de la firma João Ricardo Auler, castigado con nueve años y seis meses. Según la investigación Lava Jato, la red en la que participaban se apropió de unos 2.000 millones de dólares a través de fraudes cometidos en la petrolera estatal.
El juez, además, fijó en 50 millones de reales el resarcimiento por daños, de acuerdo con O Globo. En todos los casos, los condenados fueron hallados culpables de los delitos de corrupción activa y pasiva, lavado de dinero y fraude en licitaciones, pero la sentencia aclara que se les concederán ciertos beneficios debido a acuerdos de delación y cooperación firmados en el marco del proceso. Algunos de esos beneficios podrían suponer anticipar los plazos para el cumplimiento de las penas en prisión domiciliaria o mayores reducciones de las condenas por buen comportamiento.
En la misma decisión, fueron condenados a prisión el ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa, el cambista Alberto Yousseff y Jayme Alves de Oliveira, uno de sus empleados. En el caso de Costa, la pena fue de doce años de cárcel, y llegó a ocho años y cuatro meses para Yousseff, mientras que para Alves de Oliveira fue fijada en cuatro años.
Camargo Correa es una de las constructoras de Brasil más importantes, fue fundada en 1939, tiene actualmente unos 58.000 empleados y opera en una veintena de países, con fuerte presencia en América Latina. La constructora forma parte de las grandes empresas privadas implicadas en las corruptelas que desde hace un año y medio se investigan en Petrobras.
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Por el caso también se investiga a medio centenar de políticos, entre quienes figuran los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros. Ambos pertenecen al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer, aunque el pasado viernes Cunha anunció su decisión "personal" de abandonar las filas del oficialismo y pasar a engrosar la oposición. Por su supuesta participación en esas irregularidades, está preso Joao Vaccari, ex tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece la presidente brasileña, Dilma Rousseff.
Otro flanco de la investigación intenta determinar si muchas de las donaciones que las empresas privadas vinculadas al caso hicieron a partidos políticos para la campaña electoral del año pasado fueron realizadas con dinero obtenido mediante los fraudes en Petrobras. Una de las campañas investigadas es la de la propia Rousseff, que el año pasado fue reelegida para un segundo mandato en unos comicios que ganó por apenas tres puntos porcentuales frente al candidato opositor Aécio Neves.
Según las autoridades judiciales, las compañías implicadas en el caso obtenían contratos con Petrobras, inflaban sus valores y las diferencias eran repartidas entre los políticos que amparaban las corruptelas y algunos ex directivos de la estatal. Poco antes de conocerse la sentencia del juez Moro, la Policía Federal imputó al presidente de la constructora Andrade Gutiérrez y a otras ocho personas por su supuesta participación en la red de corruptelas. Otávio Marques de Azevedo, presidente de esa empresa, fue acusado de corrupción activa, lavado de dinero y fraude en licitación.
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