El Gobierno brasileño anunció el lunes una legislación provisional que permitirá a empresas en crisis a reducir la jornada de trabajo de sus empleados, y proporcionalmente sus salarios, como herramienta para evitar despidos masivos.
El llamado Programa de Protección al Empleo (PPE), un decreto ejecutivo firmado por la presidente Dilma Rousseff, busca ayudar a sectores que, como el automotor, en los últimos meses, ante la fuerte caída de la demanda, han despedido a miles de empleados para reducir su producción.
La norma autoriza a empresas que enfrenten dificultades financieras temporales a reducir la jornada de trabajo de sus empleados hasta en un 30%, con la consecuente reducción del salario en el mismo porcentaje, con el fin de reducir la producción sin tener que despedir trabajadores.
El Estado, por intermedio del oficial Fondo del Amparo al Trabajador, subsidiará al empleado afectado con el pago de hasta la mitad del valor de la pérdida salarial. Pese a que entrará en vigor este mismo lunes por contar con la firma de la jefa de Estado, la medida aún tendrá que ser analizada y aprobada por el Congreso, que le puede introducir modificaciones y hasta vetarla.
La legislación especial regirá hasta el 31 de diciembre de 2016, para cuando el Gobierno considera que estará superada la actual coyuntura económica negativa y el país estará creciendo nuevamente, tras la contracción de hasta el 1,50% esperada para este año.
Además de la contracción económica y de una posible recesión este año, Brasil sufre con la mayor inflación interanual en la última década, las mayores tasas de intereses en diez años, una fuerte reducción del consumo y las ventas y un creciente desempleo.
El aumento del desempleo y de la inflación, junto con el encarecimiento del crédito, ha obligado a las familias a reducir el consumo y ha provocado una caída de la demanda en varios sectores.
El secretario general de la Presidencia, Miguel Rossetto, en una rueda de prensa que concedió en la sede del Palacio de Planalto para detallar la medida, aseguró que el Gobierno creó un grupo interministerial para determinar cuáles son los sectores que podrán flexibilizar las jornadas y los salarios.
Los sectores beneficiados serán anunciados este mismo mes, y las empresas que quieran adoptar la legislación tendrán plazo hasta diciembre próximo para adherir al programa.
Las empresas que se acojan tendrán que comprometerse a no despedir ningún empleado hasta al menos dos meses después de que la medida pierda vigor, es decir, hasta febrero de 2017.
La legislación fue anunciada por la Presidencia tras la reunión que Rousseff tuvo el lunes con varios de sus ministros y con representantes de las centrales sindicales.
"Es más importante usar recursos públicos para mantener el empleo que para costear el desempleo. Se trata de un programa que beneficia a todos y que está orientado claramente a mantener los empleos durante el período de crisis", afirmó Rossetto.
"Es más importante usar recursos públicos para mantener el empleo que para costear el desempleo", aseguró Dilma
De acuerdo con la explicación del ministro, un trabajador con salario de 5.000 reales (unos 1.666,7 dólares), por ejemplo, podrá ser obligado por la empresa a reducir su jornada laboral hasta en un 30%, lo que le acarreará en una pérdida salarial correspondiente.
Ese empleado, sin embargo, pasará a recibir 4.250 reales (unos 1.416,7 dólares) mensuales, de los que 3.500 reales (unos 1.166,7 dólares) serán aportados por su empleador y otros 750 reales (unos 250 dólares) corresponderán al subsidio concedido por el Estado.
"El programa está destinado a proteger empresas de sectores afectados por la crisis de producción y ventas", aclaró el ministro.
El Gobierno calcula que el subsidio tendrá un costo de 100 millones de reales (unos 33,3 millones de dólares) tan sólo este año, pero ayudará a preservar al menos 50.000 empleos.
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