Al igual que hizo hace siete años, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró este lunes constitucional la inyección letal como método de ejecución, cuestionada luego de que se registraran varias muertes largas y difíciles.
De los nueve jueces, cinco estimaron que las demandas de condenados a muerte en Oklahoma no demostraron "un riesgo sustancial de sufrimiento" en el caso de la utilización de midazolam, un ansiolítico, para ejecutar a un prisionero, por lo que hallaron que este método estaba conforme a la octava enmienda, que prohíbe los sufrimientos "crueles e inhabituales".
De esta manera, el fallo autoriza a estados como Oklahoma y Florida a reanudar la aplicación de la pena capital, paralizada desde enero.
El caso tiene su origen en la ejecución en abril de 2014 de Clayton Lockett en Oklahoma, un preso que agonizó durante 43 minutos después de que le suministraran una inyección defectuosa y cuyo caso suscitó mucha polémica en el país.
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Aunque la de Lockett fue la que tuvo más repercusión, otras dos ejecuciones en Arizona y Ohio tuvieron características parecidas.
Los estados empezaron a utilizar este sedante en 2013, cuando los proveedores europeos de componentes para la inyección legal se negaron a seguir vendiendo sus productos con ese fin.
Con esta decisión, el Supremo abre la puerta a que Oklahoma ejecute a Richard Glossip, John Grant y Benjamin Cole, los presos que interpusieron la demanda.
El cuarto preso de la demanda, Charles Warner, recibió un inyección letal en enero, una semana antes de que la Corte dictara la suspensión de las ejecuciones a la espera del fallo conocido hoy.
Oklahoma, Florida y Ohio podrán reanudar ahora sus ejecuciones con inyecciones letales de midazolam, mientras que Alabama, Virginia, Luisiana o Kentucky tienen luz verde para utilizarlo por primera vez.
Otros estados, como Texas y Missouri, los que más aplican la pena capital, usan pentobarbital como sedante, un componente que hasta la fecha no ha dado problemas, pero que el resto no ha sido capaz de conseguir.
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