La zona que rodea a la estación de ferrocarril Retiro está nuevamente plagada de vendedores informales. Ropa, productos electrónicos, accesorios, comida. Todo se ofrece en las veredas, a bajo precio, y sin pagar impuestos.
Los vendedores habían sido erradicados en octubre de 2013, cuando el Gobierno porteño inauguraba obras de tránsito. Pero volvieron a copar el sitio y ya son más de 70 puestos los que se instalaron en las avenidas Ramos Mejía y Antártida Argentina.
Desde el ministerio de Espacio Público de la Ciudad señalaron al diario La Nación que no cuentan con la colaboración de la Policía Federal. Pero los comerciantes que en muchos casos se ven afectados por la competencia "ambulante", cuentan otra cosa.
"Si viene una inspección ya están avisados. Hay uno o dos de Espacio Público que vienen todos los días y hablan con todos éstos. Cuando viene la camioneta ya no queda nadie; algún arreglo hay", contó al matutino Ignacio Villar, que atiende una panadería. Un compañero suyo coincide en que hay connivencia con los funcionarios de la ciudad. "En realidad, los manteros nunca se fueron, desaparecen unos días, pero siempre vuelven", señalan.
"La situación nos genera preocupación. Desde el Ministerio de Espacio Público se va a investigar el tema de las denuncias. Esto es una lucha constante, y para llegar a una solución se necesita el auxilio de la fuerza pública", respondió Patricio Di Stéfano, subsecretario de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Pequeños y medianos empresarios del comercio reclamaron esta semana al Gobierno porteño que declare la emergencia del espacio público, ante el avance de los puestos de venta ilegal de productos en las calles.
El pedido fue realizado por la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), entidad adherida a Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) ante "el incremento descontrolado de la venta ilegal en calles y avenidas".
La Fecoba reclama la creación de una Comisión Especial integrada por los ministerios del Interior y Trabajo de la Nación, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, AFIP, Aduana, Policía Federal y Metropolitana.
La propuesta consiste en que todos esos organismos públicos y fuerzas de seguridad actúen en conjunto y logren erradicar a los miles de vendedores ilegales que ocupan diariamente la vía pública.
La Ciudad de Buenos Aires es el distrito del país más afectado por la informalidad: entre saladitas y manteros hay 12.268 puestos ilegales, según datos arrojados por los relevamientos que todos los meses realiza la Came.
En algunos barrios porteños como Flores, Once y Liniers, la ubicación de los vendedores vuelven completamente intransitables las veredas.
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