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Un grupo de 198 medios de Ecuador fue sancionado en el marco de una polémica ley de Comunicación, en vigencia desde hace dos años y que es cuestionada por organizaciones de libertad de expresión, informó el martes la autoridad del sector.
"De 1.144 medios de comunicación registrados hemos sancionado a 198", la gran mayoría de propiedad privada, indicó a la prensa el titular de la estatal Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), Carlos Ochoa.
Algunos medios han recibido varias sanciones del órgano de control, que ha dictado 313 castigos: 185 pecuniarios y 128 de otro tipo, establecidos en la norma como rectificaciones y procesos administrativos no penales.
"Las infracciones más recurrentes se relacionan con la identificación de contenidos, no entrega de copias de programas, frecuencia y duración de espacios publicitarios, derecho a la réplica y rectificación", anotó la Supercom en un comunicado.
Pese a las sanciones, el cierre de medios no está establecido en la ley, promovida por el presidente socialista Rafael Correa -duro crítico de un sector de la prensa ecuatoriana- y en vigencia desde el 25 de junio de 2013.
La Supercom añadió que ha impuesto penas por cerca de 274.000 dólares, de los cuales ha recaudado alrededor de 202.000.
Ochoa también señaló que el ente impulsa reformas a la ley de Comunicación como incluir la figura de mediación para que los involucrados en un caso puedan llegar a un acuerdo y eviten las sanciones; establecer multas progresivas y no el monto máximo; y medidas alternativas como programas educativos antes que castigos económicos.
En el caso más reciente, la Supercom fijó en junio una multa no precisada al diario El Universo, que considera que ese órgano actúa de "manera arbitraria" amparado en la ley de Comunicación, tildada de ley mordaza por sus críticos.
Desde mayo, El Universo (el de mayor circulación en el país con unos 50.000 ejemplares diarios) y La Hora se han declarado en "resistencia". Ambos son considerados de oposición por el gobierno.
La Constitución de Ecuador permite el derecho a la "resistencia" frente a "acciones u omisiones" del Estado o privados que vulneren garantías constitucionales.
La ley de Comunicación, cuestionada por organizaciones internacionales y locales de libertad de prensa, surgió de una consulta popular y es defendida por Correa como un freno a los abusos de los medios privados, a los que suele identificar como su mayor opositor.
La legislación aumentó los controles sobre la prensa y fijó una nueva distribución de frecuencias de radio y televisión entre sectores privados, públicos y comunitarios.