Alejandra Gils Carbó, máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal, volvió a mostrar una plena sintonía con la opinión del grueso del kirchnerismo en torno a la actualidad de la Corte Suprema. A su entender, urge que se designe a un quinto miembro porque se "afecta la imagen" del cuerpo.
"Hay algo que es irregular y disfuncional, y es que la Corte perdió tres miembros el año pasado por el fallecimiento de dos de sus integrantes (Enrique Petracchi y Carmen Argibay) y el retiro de otro (Raúl Zaffaroni). Hay cuatro integrantes en la Corte y esto es disfuncional", observó.
Desde que se concretó la salida de Zaffaroni, el oficialismo insiste en ocupar esa vacante con un nuevo juez. Intentó avanzar en ese sentido cuando llevó al Senado el pliego de Roberto Carlés –estrecho colaborador del juez saliente– pero fracasó en la búsqueda de adhesiones para consagrarlo. No obstante el revés, mantiene su postura, que choca con la postura general que adoptó la oposición, que coincide en que se debe esperar al próximo gobierno para cubrir ese lugar.
En declaraciones a radio América, la procuradora señaló que la ley establece que la Corte debe funcionar con cinco integrantes, pero exoneró de culpas a los magistrados del tribunal. "No es su problema, es responsabilidad del Congreso", indicó. Y lamentó que haya habido sectores "que se han opuesto a que los postulantes sean aprobados".
El debate parlamentario
En la entrevista, la funcionaria defendió el proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso para reformar el Código Procesal Penal, al sostener que este sistema acusatorio busca "desconcentrar poder, al dividir y quitar las investigaciones del ámbito de la Justicia".
La iniciativa enfrenta resistencias de la oposición y de sectores del Poder Judicial. "Hay sectores de la Justicia que no quieren el cambio porque quieren tener el poder de investigar y juzgar, que no es lo que prevé la Constitución y no es lo que conviene", cuestionó la procuradora. Denunció que "hay grandes intereses de que el sistema penal" no cambie y remató: "Si hay algo grave es ver a magistrados haciendo operaciones políticas".
Como parte de la presión que el oficialismo ejerce sobre la Corte, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados abrió un "proceso investigativo" con el fin de determinar si Carlos Fayt, de 97 años, está en condiciones psicofísicas de ejercer su puesto en la Corte. Consultada sobre el tema, Gils Carbó se limitó a opinar que "la Constitución establece un límite de edad de 75 años" para ser ministro de ese tribunal, "y a nadie se le ocurre decir que la Constitución discrimina".
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