La jueza de Instrucción N°2 de Río Gallegos, María Valeria López Lestón, sobreseyó en las últimas horas al ex presidente Néstor Kirchner, el empresario Lázaro Báez, sus hijos Martín y Leandro, y el gobernador Daniel Peralta, que habían sido imputados luego de una denuncia basada en un informe del programa "Periodismo Para Todos" por supuestos sobreprecios, asociación ilícita y cartelización en la obra pública provincial.
La denuncia había sido impulsada por Mariana Zuvic, dirigente de la oposición en Santa Cruz, tras un informe del programa Periodismo para Todos del 14 de abril del 2013, en el que había apuntado contra el supuesto testaferro presidencial, el gobernador provincial y el ex presidente por los delitos mencionados.
La jueza basó su decisión en el dictamen del fiscal ante la Cámara de Apelaciones de Santa Cruz Gabriel Lucio Giordano, quien aseguró en su escrito: "La vacua denuncia solo intenta judicializar una denuncia periodística, sin que mínimamente se detalle alguna fuente que sustente sus dichos, puesto que no se aportó datos o individualización de la conducta reprochable a la o las obras públicas en las que se pudiera verificar alguna sospecha de comisión de delito".
Ahora, Zuvic podría apelar el sobreseimiento, aunque en el entorno de Báez aseguraron a Infobae que los fundamentos "son contundentes". Y fueron mucho más allá: "Esto podría ser un buen precedente para el expediente que investiga Sebastián Casanello". Se refieren a la investigación del juez federal que pesa sobre Báez.
Lo llamativo es que es el primer pronunciamiento judicial sobre la figura del ex presidente desde que falleció, en octubre del 2010. "Pese a haber fallecido corresponde el pronunciamiento", subrayó el fiscal. Tanto él como la jueza basaron la resolución en la inexistencia del delito.
Giordano descartó además la cartelización de la obra pública investigada. Según el fiscal, "de las 1464 obras que se han otorgado – en la provincia de Santa Cruz - de 2003 a 2013, solo se ha adjudicado a las empresas en mira 108, es decir el 7.3%".
"Todas estas adjudicaciones cumplieron rigurosamente mediante procedimientos de licitación pública sin que las mismas hayan merecido objeciones de los órganos de control competentes", explica en su fallo, que le sirvió a la jueza para fallar a favor de los imputados.
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