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La Justicia de los EEUU sacó a la luz este miércoles un entramado de corrupción que sacudió a la FIFA, cuyo alcance todavía parece difícil de precisar. La investigación involucró a directivos de primera línea de esa organización y tiene su foco en las competencias internacionales que se desarrollan en continente americano.
La acusación sostiene que la empresa Datisa –creada por los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, y Hugo y Mariano Jinkis, los tres con cargos en el departamento de marketing deportivo de la FIFA – pagó un total de 100 millones de dólares para organizar cuatro ediciones de la Copa América. De ese monto, los titulares de la AFA, de la Federación Brasileña de Fútbol y de la Conmebol habrían cobrado 15 millones cada uno en concepto de sobornos.
Graciela Ocaña, legisladora porteña y promotora de una exhaustiva investigación sobre el dinero del programa estatal Fútbol para Todos (FpT), cree que fondos públicos podrían haber estado destinados a esas coimas. ¿Cómo? Burzaco es presidente de la firma Torneos (antes Torneos y Competencias), a la cual el Gobierno pagó un equivalente a unos 26 millones de dólares para poder transmitir la próxima Copa América, a disputarse en Chile desde junio.
"El Estado, a través de FpT, ha pagado 69 millones de pesos por la transmisión de la Copa de 2015. Parte de esos recursos pueden haber servido para pagar las coimas", señaló Ocaña a Infobae.
Ante esa sospecha, la legisladora y ex precandidata a jefa de Gobierno solicitará hoy a la jueza María Servini de Cubría (a cargo de la causa que se abrió por sus las denuncias contra FpT) un escrito en el que requiere que se designe a un veedor a la AFA. Los objetivos son dos: que custodie la documentación que pueda estar relacionada al escándalo y que "garantice que los fondos que el Estado gira no sean malversados", detalló.
"Los hechos denunciados en los Estados Unidos pondrían en evidencia un patrón de conductas ilícitas en la administración de los recursos de la AFA que se habrían llevado a cabo durante aproximadamente 25 años. Así las autoridades a cargo de la Asociación habrían cedido o comercializado derechos de marketing y televisación a cambio de sobornos. Ello ha privado a la Institución y a sus afiliados de una gran cantidad de fondos que hoy deben ser compensados por el Programa Fútbol para Todos, lo que significa en otras palabras que el Estado Nacional, o sea todos los argentinos, estamos abonando la corrupción de las autoridades de la AFA", sostiene el texto al que accedió este medio.
En otro orden, Ocaña elevará hoy una carta a la jefatura de Gabinete -en cuya órbita funciona FpT- para que suspenda como proveedoras a las empresas vinculadas a Torneos con las que está vinculada (en principio serían TyC SA. y TyC Internacional).
La ex ministra adelantó, además, que trabaja en la elaboración de un informe sobre los manejos del financiamiento del fútbol local para aportar a la Justicia de los EEUU.