La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy la orden de un tribunal venezolano que prohíbe la salida del país a 22 periodistas involucrados en la demanda judicial por reproducir una información que vincula al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con el narcotráfico. El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, declaró que dicha decisión "muestra, una vez más, cómo el sistema judicial venezolano es utilizado como un instrumento del poder político".
La jueza venezolana María Eugenia Núñez emitió este martes la orden de restricción, que alcanza a los dueños y directivos de los diarios El Nacional, Tal Cual y la publicación digital La Patilla, tal como lo solicitó Cabello al interponer su demanda por difamación el pasado 23 de abril. Entre los afectados figuran Miguel Henrique Otero, director de El Nacional; Teodoro Petkoff Malec, director de Tal Cual; y Alberto Federico Ravell, propietario de La Patilla.
Los tres medios citados reprodujeron una información del diario español ABC basada en declaraciones del militar Leamsy Salazar, ex jefe del grupo de seguridad de Cabello. "La información, avalada por los editores del diario español, sostiene que Cabello sería uno de los jefes del Cártel de los Soles, que trafica con cocaína en Venezuela", recogió la SIP, con sede en Miami.
LEA MÁS: Venezuela: prohíben la salida del país a 22 directivos de medios acusados por Cabello
LEA MÁS: Venezuela, el país de América Latina con peor clima para hacer negocios
Mohme aseguró que "no se cumple con las garantías del debido proceso, que implican que el juez debió citar primero a los demandados en forma individual para evaluar si procede o no dictar medidas de arraigo en cada caso particular". Un procedimiento judicial que, apuntó la SIP, "rompe con los principios" establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dictaminó que los "medios no pueden ser responsables por publicar en forma fiel informaciones que fueron originalmente difundidas por otros medios".
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, indicó que la "acción judicial ocurre en un marco general de graves restricciones y ataques contra los medios críticos e independientes" que han "desenmascarado el clima de autoritarismo que propicia el régimen del (presidente venezolano) Nicolás Maduro".
Paolillo remarcó que "este acoso judicial es un eslabón más de una larga cadena restrictiva que incluye ahogar a los medios privados para comprarlos, directamente o a través de testaferros". Y así montar "una extensa maquinaria de propaganda", puntualizó Paolillo, "la cual conspira contra el libre flujo de información plural y diversa, que es necesario para que haya democracia".
Más Noticias
¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?
Las autoridades buscan reducir el consumo de combustible mientras continúan los trabajos vinculados al ducto de Camisea. La educación presencial en colegios estatales no se modificará
Franco Velazco lamenta los problemas físicos de Sekou Gassama con Universitario: “Las lesiones no le permiten ponerse a punto todavía”
El administrador de la ‘U’ ha sido muy claro sobre el alcance de la dolencia del atacante hispano-senegalés, quien hasta el momento ha sacado una nota en rojo por su discreto rendimiento
Feijóo acusa a Vox de estafar a sus votantes en Castilla y León y Abascal llama “canalla” a Mañueco
El cruce de acusaciones se intensifica y el líder de Vox asegura que llamará al candidato del PP “Alfonso Fernández Marruecos” por su política migratoria
El fuerte debate que rodea al nuevo reglamento de la F1: los cambios que se podrían implementar en las próximas carreras
La flamante era técnica de la Máxima inició con múltiples críticas y se podrían tomar medidas para modificar ciertos aspectos para que el desarrollo no sea “demasiado artificial”
Cayó alias Conejo, hermano de ‘Iván Mordisco’, tras operativo de la Policía Nacional en Tolima
Es el segundo hermano del jefe disidente detenido en menos de 72 horas; tenía orden de captura por homicidio, secuestro y porte ilegal de armas
