En la era de las nuevas tecnologías ya no hay bolilleros. El sistema informático que realiza los sorteos en la Cámara de Casación determinó que la Sala I deberá entender en la denuncia de Nisman por encubrimiento de la voladura de la AMIA. Se trata del caso en el que están acusados la Presidente, su canciller Héctor Timerman y el diputado Andrés "Cuervo" Larroque -entre otros- y que ya recibió dos reveses en instancias inferiores.
La Cámara de Casación es el tribunal penal más importante del país y si los jueces deciden no avanzar con la investigación, el caso se cae. Aún hay una chance muy remota de ir en queja a la Corte Suprema, pero el máximo tribunal no suele intervenir en este tipo de casos.
La Sala I está integrada por los jueces Ana María Figueroa, Luis María Cabral y Gustavo Hornos. Son los mismos magistrados que entienden en el caso Hotesur, en donde se investigan los negocios hoteleros de la familia presidencial. Sin embargo, antes de que ellos se expidan el expediente tendrá una parada determinante: el fiscal Javier de Luca deberá determinar si impulsa la apelación.
Una vez notificado, De Luca tiene tres días para expedirse. Si guarda silencio, se entiende tácitamente que rechaza la apelación presentada por Germán Moldes, su par de la Cámara federal. Si mantiene el recurso, comienzan a correr tiempos procesales para fundamentar su postura.
De Luca integra Justicia Legítima, la agrupación kirchnerista de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Los conocedores de los pasillos de Tribunales creen que es poco probable que mantenga la apelación. En caso de que esto se concrete, se abre un interesante debate jurídico que divide a la doctrina.
El fiscal es el representante de la sociedad y el encargado de impulsar la acción penal. Si dictamina que no hay delito, la mayor parte de la doctrina cree que se termina el caso. Es una cuestión técnica sobre la que existe jurisprudencia de la Corte Suprema. Sin embargo, son los jueces de la Sala I quienes tendrán la última palabra para definir sobre la suerte de la causa. Si el expediente llegara a este punto, ingresaría en un tedioso debate procesal y el núcleo de la denuncia de Nisman quedaría en un segundo plano.
El fiscal de primera instancia, Gerardo Pollicita, fue el primero en impulsar la acción penal. El juez Daniel Rafecas rechazó su planteo. La apelación recayó en la Cámara Federal. Moldes mantuvo el recurso pero los magistrados de la Sala I mantuvieron la sentencia de Rafecas. Ahora llega el tiempo de las definiciones: Casación deberá definir si se abre o no una investigación. Si la respuesta es positiva, el caso volverá al juez de primera instancia, que deberá avanzar con las medidas de pruebas exigidas en su momento por Pollicita.
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