El jefe del ente recaudador de Guatemala, Omar Franco, fue detenido este jueves junto a una veintena de personas por cargos de operar una red de contrabando y defraudación tributaria, informó la Fiscalía.
Junto a Franco, titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), también fue apresado su antecesor, Carlos Muñoz, informó en rueda de prensa Luis Archila, fiscal general en funciones.
La Fiscalía también anunció que fue emitida una orden de captura contra Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidente Roxana Baldetti, señalado como uno de los principales operadores de la banda.
De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, Monzón se encuentra fuera del país, aunque se desconoce su paradero exacto.
"Monzón utilizó información privilegiada para cometer estos ilícitos"
"Monzón utilizó información privilegiada para cometer estos ilícitos", dijo el titular de la comisión de la ONU, Iván Velásquez.
Según la investigación en curso, los detenidos junto con empleados de la SAT se dedicaban a "obtener ganancias ilícitas solicitando impuestos menores con el cobro de un soborno" para pasar mercancías en las aduanas del país, aunque inicialmente no se reveló el monto total del fraude.
Las capturas ocurrieron tras varios allanamientos en Ciudad de Guatemala y otras zonas del país coordinados por la Fiscalía, con apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU encargado de sanear el sistema judicial.
De su lado, Jorge Ortega, vocero del presidente Otto Pérez Molina, manifestó que las sospechas sobre las actividades ilícitas en las aduanas se iniciaron hace un año, por lo que solicitó a los entes judiciales abrir la investigación.
"El Gobierno es respetuoso de las leyes... El Ejecutivo no va a esconder nada que este fuera de la ley"
Ortega dijo que "el Gobierno es respetuoso de las leyes". "El Ejecutivo no va a esconder nada que este fuera de la ley, esperamos que esto se ventile en los tribunales correspondientes y que haya un debido un proceso", agregó.
La intención de la Cicig es depurar el Poder Judicial, infiltrado por el crimen organizado y cuyo mandato termina en setiembre de 2015, tras ocho años de labores.
Tanto la Fiscalía como la Comisión contra la Impunidad hicieron un llamado a los "empresarios que se hayan visto afectados" por la estructura a denunciar los hechos para continuar con las indagaciones.
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