La Auditoría General de la Nación (AGN) había difundido un lapidario informe sobre el manejo del programa Fútbol Para Todos, que debía ser aprobado en la reunión de ayer por los auditores. Pero luego de una acalorada y larga discusión entre los presentes, sobre todo por la filtración del borrador, el kirchnerismo impuso su mayoría y se decidió que no sea aprobado. El documento seguirá siendo preliminar y podría ser archivado.
En el informe, al que tuvo acceso Infobae, se detallaban pagos en especie, reformulación de contratos, procedimientos para regular facturaciones y cobros, normas poco claras de contrataciones y diferencias en montos millonarios, entre otras cosas. Estas supuestas anomalías entre el Estado y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) están siendo investigadas desde el año pasado por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría.
"Votamos no someter a tratamiento el presente informe, por su temática y haber trascendido en forma pública", dijo el auditor Vicente Brusca, alineado con el gobierno nacional. "Fue una decisión del bloque", añadió el auditor Javier Fernández, también peronista.
Quien advirtió y denunció la maniobra fue el presidente de la AGN, Leandro Despouy. "Me preocupa muchísimo este precedente, de censurar este informe de auditoría", sostuvo. Y agregó: "Ha sido un mal día para la Auditoría y para el auditado".
La Auditoría General de la Nación es un organismo de control que está en la órbita del Congreso de la Nación y su presidente pertenece a la Unión Cívica Radical, al igual que Horacio Pernasetti y Alejandro Nieva. Mientras que los otros cuatro auditores son del Frente para la Victoria. A Brusca y Fernández se suman Oscar Lamberto, quien propuso archivar el expediente, y Vilma Castillo.
Desde la AGN adelantaron a este medio que volverán a mandar el informe al juzgado de Servini de Cubría y que le pedirán al Congreso que lo estudie. El escrito detalla diferencias en los fondos devengados, irregularidades en los pagos a proveedores y falta de comprobantes, y cuestiona el contrato celebrado entre el Estado y la empresa IVECO, principal auspiciante del FPT. La Justicia, de hecho, busca saber el destino de los camiones recibidos por el Estado como parte de dicho contrato.
El informe revela además la falta de control de la AFA sobre los clubes del fútbol argentino, uno de los objetivos supuestamente perseguidos por el programa: el saneamiento de las entidades deportivas, una de las cuentas pendientes.
La jueza Servini de Cubría comenzó a investigar al FPT tras una denuncia presentada por la legisladora Graciela Ocaña en base a un informe del programa La Cornisa, de América TV. Los ex jefes de Gabinete Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández –ahora de nuevo a cargo de la jefatura de los ministros-, y los dirigentes de la AFA quedaron en la mira de la Justicia.
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