Para el fiscal Rívolo, Boudou e Insfrán simularon "un asesoramiento profesional"

El caso de corrupción en Formosa que involucra al vicepresidente Amado Boudou es muy simple. Una empresa de Boudou, sin empleados y sin antecedentes en el rubro financiero fue contratada por Formosa para que la asesore en la reestructuración de la deuda que la provincia tenía con el Estado nacional.

Corrupción lisa y llana. Por un asesoramiento que no hizo, la empresa del por entonces ministro de Economía cobró una comisión que pagaron los formoseños. Eso sí, tuvo que devolver una parte que se depositó en la cuenta de una empresa de un funcionario del gobierno de Gildo Insfrán. Una coima que tuvo su retorno. Los formoseños perdieron 7,6 millones de pesos. The Old Fund – la empresa con la que Boudou compró la imprenta Ciccone- se quedó con 5,5 millones y los 2,2 millones restantes retornaron para Martín Cortés director del Banco de Formosa y hombre de confianza de Insfrán.

Por si no quedó claro: una de las provincias más pobres de la Argentina entregó 7,6 millones de su presupuesto para llenar los bolsillos de un funcionario nacional y de un funcionario provincial. Por lo menos eso es lo que comprobó el fiscal Carlos Rívolo quien ayer pidió la indagatoria de Boudou y de Insfrán entre otros.

El negociado quedó registrado en varios documentos públicos que fueron reseñados por el fiscal. Rívolo citó el memorando que firmó Jorge Melchor, director del Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro) y Alejandro Vandenbroele mandadero de Boudou. De un lado el que pagó y del otro el que cobró.

En el pedido de indagatoria se Rívolo se recorre el camino del negociado. Vandenbroele apareció el 18 de febrero de 2009 en Formosa. Se presentó de la nada para ofrecer su experiencia y la del estudio Alfaro y Asociados del que dijo ser socio. El 5 de marzo –The Old Fund, el caballo del comisario- había firmado el pre acuerdo.

La falsedad de la maniobra quedó plasmada desde el comienzo mismo de la negociación, cuando se firmó el entendimiento. Vandenbroele a título personal se comprometía a:"... a poner todo su esfuerzo y experiencia para brindar asesoramiento profesional a la Provincia de Formosa, en todo lo referente a la reestructuración y/o reorganización de la deuda pública provincial...".

En abril de 2009 Insfrán le puso su firma al decreto 233 por el que justifica la maniobra en ciernes. El eterno gobernador de Formosa consideró que : "...dadas las particularidades de la composición del endeudamiento, se entiende necesario plasmar mecanismos, con estructuras jurídicas innovadoras mediante la utilización de herramientas de ingeniería legal y financiera debidamente interrelacionadas las de accionar conjunto de la nación y la provincia, para lo cual se llevan a cabo ingentes negociaciones que actualmente presentan un grado de avance tal que permite avizorar su efectiva concreción en un breve lapso. ...". Palabras que todas juntas intentan disimular lo que se estaba gestando: un negocio millonario.

Después de algunos pasos burocráticos en Formosa, en septiembre de 2009 se firmó el contrato para contratar a la consultora del vice.

Vandenbroele, empleado de Boudou y de su socio José María Núñez Carmona, había asumido la presidencia de The Old Fund diez días antes de la firma de que se firmara el contrato.

En el contrato se estableció que se había " resuelto contratar consultores especializados en asesoramiento jurídico y financiero, a fin de elaborar y ejecutar una estrategia para la deuda financiera provincial con el Estado Nacional". Incluso allí se remarcó que "los integrantes y asesores de 'la Consultora 'tienen una gran experiencia y conocimiento en el asesoramiento con relación a deuda pública y privada y en la ejecución de canjes y reestructuraciones de deuda privada."

Falso porque The Old Fund no tenía experiencia en esas operaciones, no tenía empleados, no tenía actividad comercial y la factura que le emitió al Fonfipro fue la número tres. Las dos primeras habían sido anuladas.

Para corroborar que The Old Fund no tenía experiencia Rívolo le pidió al juez Sebastián Casanello que consulte a todas las provincias del país. La respuesta se puede leer en el escrit de Rívolo: "La Consultora", no sólo carecía de empleados al tiempo de ser contratada por el FON.FI.PRO., sino que tampoco registraba –ni la firma ni Vandenbroele- antecedentes de haber prestado servicios de asesoramiento económico y/o financiero a entes del Estado Nacional o Provincial, ni poseía certificado fiscal para contratar con el Estado. En efecto, surge de las respuestas brindadas por la totalidad de Ministerios de Economía y Finanzas que componen la República Argentina aportadas el día de la fecha, que ninguna de esas Carteras requirió los servicios de una consultora privada, ni de The Old Fund S.A., ni de Alejandro Vandenbroele, para ser asesoradas en la reestructuración de sus respectivas deudas públicas con el Estado Nacional. En el mismo sentido se expresaron los distintos testigos que prestan o prestaron funciones en del Ministerio de Economía, en cuanto a que ninguno tuvo conocimiento de casos en que consultoras privadas fueran contratadas para prestar asesoramiento a entes provinciales para la reestructuración de sus deudas públicas".

En marzo de 2010 Boudou e Insfrán se reunieron y luego se firmó una addenda del convenio entre la Nación y Formosa. Y casi al mismo tiempo otra addenda del contrato entre The Old Fund y el Fonfipro por el que se extendió el contrato a cuatro meses. El contrato explicaba que The Old Fund iba a cobrar 2,5% de la operación por un fee de éxito. El éxito estaba garantizado por cierto. Formosa había transferido al gobierno nacional la suma de $312.941.277,63 y por consiguiente The Old Fund facturó $7.823.531,94. Como el Fonfipro le retuvo $156.370,64 correspondientes al impuesto a las ganancias, la cifra que cobró la consultora de Boudou el 21 de mayo de 2010 fue de $7.667.161,30.

Con el dinero Vandenbroele compró dólares por 4,7 millones de pesos y transfirió 2,2 millones a otra cuenta. Esa cuenta, se descubrió, es de la empresa de Martín Cortés, hombre de confianza de Insfrán y director del Banco de Formosa. Para justificar el pago Vandenbroele declaró que había contratado personal de la empresa de Cortés para el trabajo de Formosa. Pero Cortés declaró –ambos en el Caso Ciccone- que le había vendido a The Old Fund, estudios sobre la inflación. Rívolo pidió la indagatoria de Cortés además de las de Boudou, Insfrán, y Núñez Carmona. También al de la ex ministra de Economía de Formosa Inés Lotto de Vecchietti. A Melchor y Vandenbroele los había llamado a indagatoria el juez Casanello.

En junio de 2010 Insfrán firmó el decreto 477 por el que respaldó todo lo actuado respecto de la operación en la que The Old Fund fue beneficiada.

La Justicia le pidió al ministerio de Economía de Formosa que informara qué material le había brindado a The Old Fund para que concretara el asesoramiento. La respuesta fue negativa. No hay constancias en el ministerio formoseño de haber entregado ni un papel a The Old Fund. Es decir, como sostiene Rívolo, que no se hizo la consultoría. O sea que se pagó por nada.

Rívolo concluyó "Entiendo –porque así lo demuestran las probanzas hasta aquí reunidas en la causa...- que la contratación por parte del gobierno formoseño de la supuesta consultora "The Old Fund S.A.", era absolutamente prescindible en un proceso como el que se llevó a cabo –la reestructuración de su propia deuda pública con el Estado Nacional-. Prueba de ello es que en la totalidad de actuaciones llevadas adelante en el Ministerio de Economía de la Nación en relación con la reestructuración de la deuda pública de Formosa, no obra agregada –ni existe referencia alguna- a una propuesta de reestructuración llevada a cabo por The Old Fund S.A. La maniobra delictiva consistió en la simulación de un asesoramiento profesional, que no fue en realidad tal, llevado a cabo en el marco del real proceso de reestructuración de la deuda pública de la provincia de Formosa; con el objeto de percibir la suma de $7.667.161,30, pagada con fondos públicos de esa provincia, a través de la firma mencionada. Conforme a la envergadura institucional que implicaba la reestructuración de la deuda pública de una provincia, no es concebible que hubiere sido llevada a cabo únicamente por los imputados recientemente citados a prestar declaración indagatoria, Alejandro Paul Vandenbroele y Jorge Ubaldo Melchor (este último a quien se lo autorizó a utilizar fondos y efectuar las gestiones y contrataciones que resultaran necesarias); sino que debió requerir de la necesaria actividad de otros agentes del Estado provincial y nacional con mayor rango funcional, quienes con instrumentos de apariencia legal participaron en la conformación de un negocio espurio mediante la contratación de la supuesta consultora The Old Fund S.A". Por eso pidió la indagatoria tanto de Boudou y como de Insfrán. Rívolo señaló que los delitos que debe imputarles son los de negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales.

Cuando declaró en indagatoria en el Caso Ciccone, Boudou dijo que por el asunto debían preguntarle a Carlos Fernández que fue el ministro de Economía que inició el proceso de renegociación con Formosa. Fernández declaró como testigo en la causa del negociado entre Boudou e Insfrán. Dijo que las negociaciones entre el estado nacional y las provincias se hacen a nivel institucional. Y que no aparecen consultoras privadas.