Así se venden los smartphones robados

Con cuarenta y dos celulares en su mochila y ninguna explicación, Luis José Mozo –de 27 años y nacionalidad peruana- fue detenido por efectivos de la Comisaría 7ma mientras intentaba entrar a una galería en el microcentro porteño el lunes pasado. Todos los teléfonos que tenía fueron incautados y terminó con un expediente a su nombre en el despacho del juez Daniel Rafecas. Casos como el suyo no son una rareza. Pocos días antes, otro joven extranjero fue detenido en una situación similar y en otra galería céntrica. Con otros veinte aparatos en su mochila de procedencia dudosa, también llegó al juzgado de Rafecas.

La Policía sospecha algo evidente en estos dos casos: un intento de reventa de esos teléfonos al por mayor. Bajo la ley 25.891, sancionada hace diez años, la compra de celulares robados es un delito federal. Y para la Policía Federal, el robo de teléfonos es uno de sus problemas más persistentes.

La intersección de Florida y Lavalle es uno de los puntos más calientes; los arrebatos a cargo de motochorros son una escena común. Fuentes oficiales calculan una denuncia cada cincuenta minutos, un número que no es del todo ilustrativo; la denuncia policial se vuelve algo obligatorio para negociar aparatos perdidos con las empresas de celulares. Pero a dónde van todos estos aparatos y cómo reaparecen en el mercado negro, el camino que recorren, con el tiempo, se volvió una incógnita.

La División de Delitos Tecnológicos de la PFA, dirigida por el comisario Walter Bernal, investiga y persigue una cadena delictiva dedicada al segmento premium de teléfonos celulares. Funciona de esta manera: motochorros, usualmente de nacionalidad argentina, le entregan los aparatos que roban a intermediarios peruanos y colombianos, que luego los revenden en locales en galerías de zonas como Once, Microcentro y Liniers. A simple vista, son locales que cumplen con la norma de exhibir en sus vidrieras equipos completos y en sus cajas. Pero debajo del mostrador, un smartphone Motorola o un Samsung puede costar unos tres mil pesos, la mitad de su precio lícito. Un iPhone -hoy casi inhallable en el mercado legal gracias a la crisis del dólar y la falta de importaciones- puede valer cerca de cuatro mil.

Una voz en los organismos de seguridad explica: "Los intermediarios, usualmente peruanos y colombianos, suelen trabajar con varios motochorros que les entregan los equipos. Acumulan varios aparatos y van a los locales. Ahí, les dicen si el teléfono sirve o no". Hay otro paso en el proceso: tienen que llegar liberados al cliente. Luego de la inspección, el intermediario lleva los teléfonos a otra "cueva", una suerte de oficina alejada del lugar de venta, donde con una notebook, un cable USB y un software de fácil uso se "libera" el teléfono: se destraba si tiene contraseña, se le borra la información de su empresa de origen, los contenidos de la memoria y toda su numeración.

En todo este esquema, el motochorro asume el mayor riesgo comercial: entrega el aparato a consignación y cobra después de que el intermediario lo vende. Si el teléfono no puede ser vendido, entonces no gana nada. El local que compra y vende teléfonos robados se queda con el mayor rédito: paga precios irrisorios, para después revender a cuatro veces, por regla, a cuatro veces lo que pagó.

El año pasado, Delitos Tecnológicos detuvo a 30 peruanos, más otros 20 colombianos. Promediaban entre diez y veinte teléfonos en su poder. También hay argentinos involucrados. Sin embargo, su liberación de la comisaría suele ser rápida, con un alto nivel de reincidencia en el mismo delito. Los teléfonos también reinciden: un aparato puede entrar y salir varias veces del mercado negro tras sucesivos robos.

El circuito sigue por otras vías. Los teléfonos robados también aparecen en el sitio de subastas Mercado Libre, donde son reconocidos por sus dueños originales, que luego hacen la denuncia. El sitio colabora con la Policía, pero no se responsabiliza por lo que publica. Hay otro extremo en esta situación: las empresas de telefonía celular. Un informe interno de la Federal al que accedió Infobae las tiene en la mira por darle nuevas líneas a aparatos robados. El mismo informe también habla de supuestas listas negras que las empresas poseen y que detallan teléfonos reportados como robados o perdidos. A esas listas solo se puede acceder, hasta ahora, por expresa orden judicial y en el marco de una causa.