La ONU denuncia que el régimen de Maduro "violó los derechos" de los presos políticos

El gobierno chavista evitó pronunciarse sobre los tratos degradantes a los que fueron sometidos Leopoldo López y otros detenidos, según remarcó el relator Juan Méndez. Concluyó que hubo casos de tortura

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El relator de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos degradantes, Juan Méndez, denunció hoy que el gobierno de Nicolás Maduro violó el derecho internacional al no tomar medidas para prevenir el maltrato de manifestantes y detenidos, incluido el líder de la oposición venezolana Leopoldo López.

En una presentación hecha al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en Ginebra, Méndez lamentó que, a pesar de que haber pedido explicaciones a Venezuela sobre tres casos distintos, el gobierno chavista sólo se limitara a responder sólo una de las consultas.

De esta forma, el Gobierno evitó contestar sobre las condiciones de aislamiento solitario prolongado impuestas a López durante su detención preventiva en la cárcel militar de Ramo Verde, así como a los cacheos con violencia de Enzo Scarano, Daniel Ceballos y Salvatore Luchesse, también detenidos allí.

"Ante la falta de información que indique lo contrario, el relator concluye que el gobierno de Venezuela, al no proteger la integridad física y psicológica de Leopoldo López, al mantenerlo en condiciones de aislamiento solitario y al realizar violentos cacheos que repercutían en hematomas en la piel de López, Scarano, Ceballos y Luchesse, es responsable por sus sufrimientos físicos y mentales en los que esta medida puede derivar", reza el informe.

"El gobierno ha violado los derechos a no ser torturados o sometido a tratos crueles"

"En este caso, Venezuela no ha respondido, por lo que he redactado mis conclusiones basadas en la falta de respuesta, pero también obviamente en lo que sé de los casos. Y llegué a la conclusión de que el gobierno ha violado los derechos de los reos, sus derechos a no ser torturados o sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes", sostuvo el relator conforme a la Convención Contra la Tortura.

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Méndez también considera que el Gobierno no ha cumplido "con la obligación de investigar, juzgar y sancionar todos los actos de tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes", como lo establece ese mismo instrumento jurídico internacional.

Con respecto al excesivo uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en febrero del año pasado, Méndez sí que obtuvo una respuesta inicial del Gobierno, pero no la información adicional que solicitó.

Para el experto de la ONU, las autoridades no tomaron medidas para prevenir la violación de la integridad física, ni "actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra manifestantes y detenidos", con lo que "ha violado sus derechos". "El Gobierno lo negó y dijo que hubo algunos casos aislados pero que estaban siendo investigados", explicó Méndez.

"Pero como ha pasado mucho tiempo y he pedido detalles de quién estaba siendo investigado, sobre qué y si se había llegado a la conclusión de qué tortura y malos tratos se habían producido, y como no hubo respuesta, llegué a la conclusión de que mi información era suficientemente creíble y, por lo tanto, concluí que, al menos en esos casos, hubo violación de la prohibición de los malos tratos", agregó.

La tercera denuncia de Méndez se refiere a Juan Carlos Nieto Quintero, detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y quien fue "trasladado a un centro de detención militar". Allí "fue sometido a torturas durante 30 horas y se le negó tratamiento médico", por lo que también es considerado víctima de torturas, un caso sobre el que el Gobierno tampoco ha respondido.

En las manifestaciones del año pasado, fueron reprimidas y detenidas centenares de personas. También se registraron 43 muertos. El mes pasado, además, un policía se cobró la vida de un adolescente de 14 años durante la dispersión de una marcha opositora en la ciudad tachirense de San Cristóbal.

La oposición ha denunciado de manera constante las vulneraciones a las que son sometidos los detenidos por el régimen de Maduro. Por ejemplo, indicaron que hay estudiantes recluidos en el séptimo subsuelo de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en un lugar que fue apodado "la tumba".