La formalización de cargos y detención de los empresarios Carlos Délano y Carlos Lavín, en línea con lo solicitado por la fiscalía, es un duro golpe para los dueños del Banco Penta, compañías de seguros y el conglomerado de salud privado Banmédica.
"Respecto de los imputados Délano y Lavín, se estima que la libertad de los imputados resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad", dijo el juez Juan Escobar durante su resolución en una investigación que se extenderá por cuatro meses.
En las audiencias, que despertaron gran expectación en los medios locales y en las redes sociales en los últimos días, la fiscalía ya había asegurado que la detención preventiva de Délano y Lavín se justificaba, mientras que uno de los empresarios respondió que no eran "mafiosos".
La defensa de los empresarios adelantó que apelará las medidas dictadas por el juez. "La medida de prisión preventiva impuesta a mis representados no se justifica (...) es indudable que vamos a apelar (ante la corte)", dijo Julian López, abogado de los controladores de Penta.
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El juez Escobar dictó medidas cautelares de prisión preventiva contra otros cuatro imputados, además de dos arrestos domiciliarios y firmas semanales ante la policía para otros dos imputados, en un caso que dejó al descubierto la incompatibilidad entre los negocios y el mundo político.
"Estamos satisfechos y es una resolución que da por acreditado todos y cada uno de los delitos que hemos indicando en esta etapa", dijo el jefe de la Fiscalía en Chile, Sabas Chahuán. "Hay una serie de diligencias que vamos a hacer, 120 días es un plazo prudente (de investigación). Hay una montaña de documentos (que revisar)", agregó.
Entre los imputados con prisión preventiva también figuró Pablo Wagner, un ex subsecretario de Minería del Gobierno de Sebastián Piñera, por los delitos de cohecho y lavado de activos vinculados a supuestos sobornos de los controladores de Penta para agilizar proyectos y cargos en el ámbito minero.
Los imputados arriesgan en sus condenas penas de cárcel de 541 días hasta los 5 años de presidio, pero algunos de los delitos, al ser reiterados, aumentarían sus años.
HALLAZGO CASUAL
El procesamiento y las medidas cautelares surgieron de otra investigación tributaria a un grupo de empresas y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos -que también fueron procesados en esta causa-, luego de denuncias anónimas en que se solicitó la investigación de estos ilícitos.
Fue en ese marco que una unidad de la fiscalía y la policía constataron la participación de miembros de Penta, por lo que comenzó una investigación más profunda, en que se descubrió un mal uso de boletas de honorarios, que incluía hasta la emisión de documentos de las esposas de los controladores del grupo.
A medida que avanzó la investigación preliminar de la fiscalía se descubrieron otros graves delitos tributarios de manera reiterada desde al menos el 2008 hasta el año pasado, que incluían bonos a ejecutivos del mismo grupo Penta, pérdidas artificiales e irregulares devoluciones de impuestos.
En una de las audiencias, el fiscal Carlos Gajardo llegó a afirmar que el grupo Penta se convirtió "en una máquina para defraudar al fisco (...) una cultura de la evasión (tributaria)".
Los dineros de las boletas financiaron campañas de políticos, principalmente del partido opositor conservador UDI, quienes actualmente se desempeñan en el Congreso, y de ex precandidatos presidenciales.
La fiscalía descubrió que varios políticos emitieron boletas a sociedades de los dueños de Penta por servicios que no habrían prestado para obtener millonarios recursos para financiar campañas, algo que el actual gobierno de la socialista Michelle Bachelet busca corregir.
"Se ha adoptado esta resolución (en el caso Penta) en el marco de la autonomía de los tribunales de justicia, que viene a confirmar la necesidad de crear una institucionalidad más eficaz y un marco regulatorio más estricto en el ámbito público y privado", dijo el vocero de gobierno, Alvaro Elizalde.
Entre los políticos que recibieron dineros del grupo Penta por un total cercano al millón de dólares figuran diputados y senadores, además de los ex precandidatos Laurence Golborne y Andrés Velasco, quien ha asegurado que recibió recursos por servicios prestados a los dueños de Penta.
También aparece una fundación del actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, que obtuvo una pequeña suma de dinero por un estudio solicitado por los controladores del grupo financiero.
Uno de los fiscales no descartó que más adelante pueda haber cargos contra algunos de los parlamentarios involucrados y ex candidatos presidenciales, en lo que sería otra arista del caso, como también la participación de otras empresas, entre las que figura la minera y productora de fertilizantes SQM.
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