El régimen de Venezuela dio a la embajada de Estados Unidos un plazo de 15 días para que reduzca su personal diplomático activo a 17 personas, como parte de las medidas tomadas en represalia a las sanciones de Washington contra funcionarios venezolanos.
El presidente Nicolás Maduro ya había dicho el fin de semana que, como medida de reciprocidad, su país exigirá visa a los estadounidenses que quieran ingresar a Venezuela y que los funcionarios que queden en la embajada deberán notificar de todas sus reuniones a las autoridades.
"En lo que respecta a la adecuación a un número de 17 funcionarios con que debe funcionar la embajada de los EEUU en Venezuela, se le dio un tiempo de 15 días", precisó la canciller Delcy Rodríguez, tras una reunión con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Lee McClenny.
Rodríguez dijo que ese número de funcionarios es el mismo con el que funciona la embajada de Venezuela en Washington. De acuerdo con el régimen chavista, unos 100 funcionarios trabajan en la sede diplomática estadounidense en Caracas.
La canciller Rodríguez adelantó, además, que en las próximas horas entraría en vigor la resolución que exige visado a los ciudadanos estadounidenses.
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Maduro dijo el sábado que las fuerzas de seguridad habían capturado a "algunos" estadounidenses en actividades de espionaje, sin dar mayores detalles. El Departamento de Estado norteamericano expresó hoy su preocupación por dicho comentario y por la crisis que atraviesa el país.
El mandatario también prohibió entrar en Venezuela a una serie de funcionarios y ex funcionarios estadounidenses, entre ellos el ex presidente George W. Bush y a legisladores a quienes identificó de "ultraderecha" y tildó de "terroristas", entre ellos los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio.
Desde que asumió en abril de 2013, el heredero político del fallecido Hugo Chávez ha acusado a la oposición política de llevar a cabo una "guerra económica" con apoyo de Estados Unidos, con la intención de derrocarlo.
Washington ha negado las acusaciones y las ha calificado de "ridículas". Los opositores sostienen que son una cortina de humo para distraer a los venezolanos de los problemas que azotan al país como la elevada inflación, la recesión económica, la escasez de productos básicos y la acuciante delincuencia.
A fines del año pasado, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó una ley que permite imponer sanciones a funcionarios venezolano acusados de haber violado los derechos de manifestantes involucrados en una ola de protestas que sacudió al país sudamericano en 2014.
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