La alcaldesa de la ciudad de Guasdualito, Lumay Barreto, en el estado venezolano de Apure, fue destituida de su cargo por el Consejo Legislativo de la región, cuya mayoría responde al PSUV, el partido de Nicolás Maduro.
Según denunció Voluntad Popular, formación política liderada por el opositor Leopoldo López, se trata de una medida ilegal. "La dictadura pretende ejecutar otro golpe de Estado, esta vez contra la alcaldesa de Guasdualito", informó el partido en su cuenta de Twitter.
De acuerdo con el diario El Nacional, la decisión de la suspensión fue determinada por "falta absoluta" de Barreto a su cargo. En su lugar fue proclamado Víctor Blanco, presidente del ente parlamentario.
"Los concejales oficialistas por órdenes del gobernador de Apure, Ramón Carrizales, me destituyeron del cargo por supuesta ausencia absoluta cuando yo notifiqué que estaría fuera por tres días y dejé encargado al director de la Alcaldía", se defendió Barreto, según recoge El Universal.
Los dirigentes de Voluntad Popular a nivel local anunciaron que visitarán la sede del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral para presentar sendos recursos jurídicos contra la destitución de Barreto.
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Barreto pasa engrosar la lista de alcaldes opositores con procesos en su contra en Venezuela. El fin de semana pasado, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, Carlos Ocariz, señaló que el 42% de los alcaldes antichavistas están afectados.
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, fue detenido la semana pasada y encarcelado en Ramo Verde, donde también se encuentra Daniel Ceballos, ex jefe de San Cristóbal. Enzo Scarano, destituido como alcalde de San Diego, también estuvo allí y fue puesto en libertad hace pocas semanas.
La alcaldesa del municipio Córdoba, en Táchira, Virginia Vivas, ha sido amenazada con ser inhabilitada por supuesta difamación agravada. Gustavo Marcano, de Urbaneja, en Anzoátegui, ha asistido en varias oportunidades a tribunales por denuncias en su contra debido a protestas en Lechería.
Otros casos resonantes son los de las autoridades de El Hatillo y de Baruta, David Smolansky y Gerardo Blyde, respectivamente, señalados de haber permitido los disturbios en sus municipios el año pasado.
Además, otro alcalde, Enrique Franceschi, de Río Caribe, estado Sucre, fue asesinado por un presunto robo en su casa. "Pareciera ser parte de la política oficial contra los que piensan distinto. Todos tenemos un arma apuntándonos en la cabeza", concluyó Ocariz, alcalde de Sucre.
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