Holdouts: el Gobierno endurece su estrategia para no pagar y se ampara en la ley británica

Para estirar el pago de la sentencia definitiva contra la Argentina hasta el año que viene o por lo menos hasta después del 10 de diciembre, en el Palacio de Hacienda apuntan primero a pedir la salida del mediador Daniel Pollack, quien fue nombrado por el juez Thomas Griesa. En segundo lugar instarán a negociar por separado con cada holdout con sentencia favorable, entre los que se encuentran NML Eliot, Aurelius Olifant y 13 bonistas particulares. En tercer lugar, esperarán las demandas de los "me too" por la cláusula pari passu, y en cuarto lugar, procurarán licuar el poder del dueño de NML Paul Singer, considerado el enemigo público N° 1 por parte de las autoridades económicas que lideran el ministro Axel Kicillof y su viceministro Emanuel Álvarez Agis, quienes esgrimieron el año pasado la cláusula RUFO para no pagar.

En Economía destacan seis aspectos favorables al Gobierno en su pelea con los holdouts:

1) No hay default selectivo o default técnico de la deuda argentina, porque todo esto ocurre luego de la orden de cumplir la sentencia Griesa y no ingresa en esa categoría. Se trata de un bloqueo judicial de cobro, con los bonistas que entraron en los canjes I y II como rehenes para obligar al gobierno argentino a pagar una suma exorbitante que no corresponde a los "fondos buitre". Los funcionarios manifiestan que no existen antecedentes históricos de semejante "extravagancia judicial en materia de deuda soberana" y que "ni en inglés ni en castellano" se trata de un default.

2) Según la visión oficial, el fallo reciente del juez de Gran Bretaña David Richards confirma que no existe default de los bonos del canje 2005 y 2010, que los bonistas no recibieron sus euros pagados por Argentina y que el Bank of New York Mellon (BONY) está incumpliendo con el contrato de repartir el dinero. Responsabilizan a Griesa de haber armado esta especie de "estrago jurídico y financiero" colocando a los bonistas del canje en un limbo y al BONY en una posición muy delicada. El BONY tiene la opción de entregar la sentencia de Richards a Griesa para solicitarle la liberación de los euros bloqueados, del mismo modo que lo ha hecho "por única vez" en tres oportunidades con el Citibank por pagos de Discount nominados en dólares con legislación argentina. El BONY está en condiciones de solicitar la misma excepción. Si no lo hace, ya no será que está limitado por la orden de Griesa, sino que revelará que es una pieza más del dispositivo de apoyo a los fondos buitre.

Para el Gobierno no hay "default selectivo", sino un bloqueo judicial a los pagos

3) Si el BONY incumple lo determinado por Richards, corre el riesgo de sanciones y hasta de perder la licencia como fiduciario en la plaza de Nueva York. El banco está en una posición muy complicada y otros tenedores de bonos también le iniciaron una demanda en Bélgica, y el Gobierno avanzó legalmente sobre el incumplimiento del contrato del fiduciario. La definición de Richards es muy relevante: rebate el argumento de la ilegalidad que enarbolan los holdouts. Los fondos Quantum Partner (de George Soros), Master Fund, Knighthead, RGY Investments, y Hayman Capital Master Fund (de Kyle Bass) iniciaron una demanda contra el Bank of New York Mellon por retener los 225 millones de euros pagados por Argentina correspondientes a bonos con legislación inglesa. Richard de todos modos no ordenó al BONY que libere los euros de los bonistas para no imitar el exceso de jurisdicción de Griesa. Pero el BONY está sujeto a las leyes y jurisdicción de Nueva York y la orden de no girar los euros fue dispuesta por un juez de ese distrito.

4) El pago realizado por Argentina es legal: desde el equipo de Kicillof manifiestan que los depósitos para pagarles a los bonistas a través del BONY se realizaron en tiempo y forma, respetando a los bonistas que entraron en los Canjes I y II que son ajenos al problema iniciado por los holdouts, que compraron bonos en default entre el 2002 y el 2006. Es el BONY el que debe distribuir los fondos a los bonistas ya que como agente financiero y fiduciario era el encargado de distribuirlos entre los bonistas, a la vez que dólares y euros son de los bonistas y no del Estado argentino. En Economía dicen que los holdouts buscan declarar ilegal el depósito que hizo el gobierno argentino el 30 de junio del año pasado para que el BONY le devuelva ese monto al país y entonces los holdouts podrían embargar esos fondos, de la misma forma que sostienen que la dupla que conforman el juez Griesa y el dueño del fondo NML no puede embargarlos ahora pues afecta el derecho de terceros.

5) La Argentina cumplió con el pago al depositar en junio del año pasado en tiempo y forma el monto para cancelar el vencimiento de 255 millones de dólares del bono Discount en euros. Ese dinero está en poder de la entidad fiduciaria (BONY) que es la encargada de distribuirlo entre los inversores. Ese pago quedó sumergido en una serie de confusiones agitadas por Griesa, pues Argentina giró los euros pero los bonistas no los tienen acreditados en sus cuentas debido a que quedaron bloqueados. Es una irregularidad provocada por el juez, no por el deudor.

Para el equipo económico, el fallo de Griesa es una "extravagancia en materia de deuda"

6) Destacan también que si bien el próximo lunes 2 de marzo vence el plazo para que los acreedores que aún tienen en su poder títulos de deuda impagos de 2001, y que no aceptaron los canjes 2005 y 2010, se presenten ante el juzgado de Griesa para reclamar un fallo similar al que favoreció a los fondos NML Capital y Aurelius por 1.300 millones de dólares, éstos podrían seguir presentándose en forma permanente mas allá de la fecha tope. Este grupo, llamados los "me too" (yo también), puede ingresar a la causa con el reclamo del pari passu, porque la Justicia de los EEUU ofrece esta alternativa a quienes consideran que están en condiciones de sumarse a un fallo ya dictado. Estiman que esa deuda podría llegar a los 15.000 milones de dólares.

La sombra del desacato

Pero más allá de esta estrategia y de que el juez Griesa podría decretar el desacato en los próximos días, el Gobierno tiene hasta el próximo jueves 26 para presentar la apelación, por no cumplir el pago de la sentencia y cambiar el lugar de pago de los bonos y el fiduciario por Nacion Fideicomisos. Fuentes de Economía transmiten que se sienten a gusto con el momento financiero que transita la Argentina y además creen que con este escenario favorable en abril el Gobierno podrá salir a colocar una emisión de bonos en el mercado por unos 3.000 millones de dólares. "Una gran cantidad de analistas locales siguen hablando de un default selectivo o default técnico de la deuda argentina, pero nosotros pensamos que los acontecimientos financieros, económicos y judiciales que van construyendo la realidad están en contra de los deseos de la oposición. Y lo más importante es que las principales variables económicas no se derrumbaron, como sucede cuando un país declara un default", comentó a Infobae un funcionario de la cartera económica.

Agregó que "los precios de los títulos argentinos subieron y ahora están en valores récord, en particular los bonos bajo legislación de Nueva York, como el Discount nominado en dólares", que ganó 40% desde el 16 de junio cuando la Corte de los EEUU no aceptó el caso argentino. Ahora vale alrededor de 1.680 pesos, un precio que no se condice con un bono "defaulteado". El riesgo país está cerca de los 600 puntos, mientras que en aquel entonces rondaba los 800 puntos. "Junto a la suba de otros bonos como el Boden 2015 y el Bonar 2024, en precios récord, es señal de que la Argentina no está en default", afirman en Economía.