El 9 de febrero de 2014, el gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, encabezó una marcha por la paz en Venezuela donde afirmó que si la policía hacía "un solo disparo" contra la población, él iba a renunciar a su cargo. Esto ocurría cinco días después que comenzaran, en San Cristóbal, las protestas estudiantiles que terminaron sacudiendo a todo el país.
"Nosotros no estamos de acuerdo con la violencia, no vamos a caer en las trampas, si quieren destruir las instalaciones, destrúyanlas, pero de mí no van a recibir plomo, ni gases lacrimógenos, como hizo el gobierno anterior, yo voy a lanzar flores, palomas, globos y canciones", declaró a la prensa en ese entonces, según un artículo del diario venezolano La Nación.
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Jimmy Vargas, Luis Gutiérrez Camargo, Daniel Tinoco, Anthony Rojas y Franklin Alberto Romero Moncada son los muertos que registró Táchira durante los enfrentamientos contra las Fuerzas Armadas de Venezuela en febrero y marzo de 2014.
Sin embargo, el gobernador chavista esquivó la promesa ante esos disparos y, aunque hizo declaraciones que iban a contramano del discurso de Maduro, se mantuvo en su puesto.
Este martes Vielma Mora volvió a estar en la mira de la oposición venezolana. Tras la muerte de Kluiberth Roa, un niño de 14 años asesinado a sangre fría por un agente de la Policía Nacional Bolivariana en San Cristobal, capital del estado de Táchira, el gobernador fue muy cuestionado a través de las redes sociales.
María Corina Machado, diputada destituida por el chavismo, instó a Vielma Mora a que respete lo que había propuesto y renuncie a su cargo, ya que sigue habiendo disparos y muertos en su área. "Señor gobernador del Táchira, cumpla su palabra. Renuncie", afirmó la líder opositora en Twitter.
Kluiberth Roa se transformó en el primer muerto desde que el presidente Nicolás Maduro autorizó el uso de armas de fuego en protestas. La resolución 008610 del Ministerio de Defensa venezolano fue publicada en la Gaceta Oficial del 27 de enero de 2015 y habilitó el "uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal", como último recurso, para "evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios".
La disposición fue firmada por el general en jefe Vladimir Padrino López y no distingue entre manifestaciones pacíficas y violentas, más allá de definir escuetamente la violencia mortal como la "creación de una situación de riesgo mortal".
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