La Procuraduría de Brasil reclamó el viernes un resarcimiento de más de 1.500 millones de dólares a empresas involucradas en el escándalo de corrupción que sacude a la estatal Petrobras.
El pedido contempla una indemnización por daños a la petrolera, además de una reparación económica al Estado y multas, y es el primero de esta clase en la investigación de la red montada entre directivos de la empresa y contratistas para amañar licitaciones y lavar dinero.
"La acusación de enriquecimiento ilícito por los hechos averiguados en la Operación Lava Jato (lavadero de autos) involucra a las compañías Camargo Corrêa, Sanko, Mendes Júnior, OAS, Galvão Engenharia, Engevix y a sus ejecutivos", señaló el Ministerio Público Federal (MPF), del que depende la Procuraduría.
La sanción, en caso de ser efectivizada, prohibiría a estas firmas realizar contratos con el Estado y recibir beneficios o incentivos fiscales y crediticios. Es extensivo a otras empresas de los grupos señalados que se desempeñen en las mismas actividades.
El resarcimiento se enmarca en el capítulo civil de los crímenes investigados, que alcanzan exclusivamente al ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa -en arresto domiciliario-, uno de los muchos implicados en la causa.
Costa suscribió un acuerdo de colaboración a cambio de una reducción de su condena y la devolución de los fondos obtenidos ilegalmente.
La medida fue solicitada por la Fiscalía Federal en el estado sureño de Paraná, donde está la mayoría de los procesos actualmente, y será evaluada por la Justicia de ese distrito.
El pago de sobornos a directivos de Petrobras variaba entre el 1% y el 3% del total de los contratos multimillonarios que se suscribían en subastas fraudulentas, explicó el MPF.
Ese esquema movió unos 4.000 millones de dólares a lo largo de una década y también estaba integrado por operadores financieros que se encargaban de distribuir y lavar los fondos.
El escándalo de corrupción que se enquistó en la hasta hace poco empresa emblemática de Brasil invadió la agenda política desde el inicio del segundo mandato de la presidente Dilma Rousseff en enero.
La mancha se acercó un poco más este mes al gobernante Partido de los Trabajadores, cuando João Vaccari Neto, tesorero de la agrupación fundada por el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, fue llevado a declarar por la fuerza, aunque poco después fue liberado.
Antes de conocerse el pedido de la Fiscalía, Rousseff había dicho que debió investigarse lo que pasaba en Petrobras 20 años atrás.
"En Brasil está ocurriendo un proceso de investigación como nunca se había hecho antes. No es que antes no hubiera existido, es que antes no se había investigado" lo que estaba sucediendo, aseguró a un grupo de periodistas en el Palacio de Gobierno.
En los próximos días, la Procuraduría General de la República debe solicitar la apertura formal de procesos para investigar a políticos con fueros vigentes.
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