Polémica en Mendoza por un caso de alquiler de vientres

Uno de los puntos debatidos del nuevo Código Civil y Comercial era la inclusión en el cuerpo jurídico la maternidad subrogada, comúnmente llamada "alquiler de vientres". Sin embargo, este derecho vinculado a la fertilización asistida no está prohibido pero quedó pendiente de ser sancionado, y ahora la falta de reglamentaciones provoca un mar de dificultades. Lo está padeciendo una pareja porteña, cuyo bebé nació el 9 de enero pasado y se gestó con el acuerdo de una mujer mendocina, quien llevó al niño en su seno durante nueve meses.

Hace un año, la pareja había planificado el nacimiento con la agencia "Argentina Maternity". La ONG, que se dedica a asesorar a los interesados en maternidad subrogada, estableció el contacto con una joven mendocina que estaba dispuesta a alumbrar el embrión concebido in vitro con el esperma y óvulo del matrimonio.

Hasta allí no hubo mayores inconvenientes. El niño nació en el hospital Español de Mendoza, la principal maternidad privada de la provincia. Si bien los médicos sabían de que se trataba un caso de alquiler de vientres, funcionarios del hospital presentaron una denuncia que culminó en la imputación de la madre gestante por "tornar incierto el estado civil del niño". El delito conlleva una pena de entre uno y cuatro años de prisión.

Antes de la mujer recibir el alta, el abogado Argentina Maternity, Juan Pablo Rojas Pascual, presentó ante el centro médico un contrato firmado entre los partes. Era el consentimiento de la joven que alquiló el vientre y los padres biológicos, que establecía que el bebé sería entregado a los aportantes del material genético previa resolución de la Justicia de Familia. La madre del embrión quiso llevarse al niño, pero las autoridades del hospital le dieron ese derecho a la gestante del bebé. Además de tratarse el procedimiento habitual, tras el alumbramiento, fue esta segunda mujer la que eligió el nombre de la criatura y la inscribió con su apellido de soltera.

A raíz de la complejidad del caso, el hospital pidió intervención a la Justicia de Familia. Para cuando los funcionarios del Organismo Administrativo Local (OAL), responsable de actuar en caso de vulnerabilidad de derechos de menores, se hicieron presentes, la joven ya había sido dada de alta junto con su bebé. Fueron a buscarla al domicilio que aparecía en los registros y constataron que la criatura ya no estaba: se la habrían llevado sus padres genéticos. Por este motivo, se le dio intervención a la Fiscalía de Delitos Complejos para determinar el paradero del pequeño.

Según Rojas Pascual, también patrocinante de la pareja, el bebé está en contacto con las dos madres, aunque es amamantado por la madre biológica que recibió un tratamiento hormonal para poder alimentarlo con leche materna.

En simultáneo, el juez de Familia, Carlos Neirotti tendrá que resolver la cuestión de fondo: definir de quién es hijo ese bebé y determinar también su identidad, para lo cual ya solicitó un análisis de ADN a quienes aportaron el embrión.

Fuentes vinculadas a la investigación del caso señalaron que los padres genéticos habrían pactado con la gestante compensaciones, como una prepaga a ella y a sus hijos y todos los costos que suponen el posparto. Además,