Tras una audiencia pública llevada a cabo ayer, el gobierno de la Ciudad dispuso un nuevo aumento en la tarifa de los parquímetros. Según informó, la hora registrará una suba del 33%, lo que quiere decir que pasará en dos semanas de costar tres a cuatro pesos.
Del encuentro participaron sólo 15 personas y entre las conclusiones oficiales se planteó un "evidente retraso" de estas tarifas y la "baja rotación" que "atenta contra el uso racional de la vía pública". La nueva suba golpeará de manera decidida el bolsillo de los porteños durante este año, ya que se instrumentará la llegada del estacionamiento medido a los barrios. El plan es extenderlos a Almagro, San Cristóbal, Boedo, Villa Crespo, Colegiales, Caballito, Palermo, Chacarita, Villa Ortúzar y Constitución, entre otros.
Tras un informe que debe presentar el Ente Regulador de Servicios Públicos, el gobierno porteño terminará los últimos papeles y publicará en el Boletín Oficial la resolución con el incremento tarifario. Este proceso "demorará aproximadamente dos semanas".
En julio del año pasado el ejecutivo porteño ya había decretado un incremento de la ficha. En aquella oportunidad, pasó de costar $1,40 a 3 pesos, lo que implicó una suba de 114 por ciento. Con el aumento de ayer, la suba acumulada alcanzó casi el 186 por ciento. En la Capital hay 4000 espacios con estacionamiento medido, distribuidos en el centro porteño y algunas calles de San Telmo, Palermo y Recoleta, entre otras zonas.
A partir de la extensión del sistema se instalarán, gradualmente, espacios en toda la ciudad, hasta llegar a un máximo estimado en 86.768 espacios de estacionamiento regulado en todo el distrito (representan un 26% del total), y se eliminará el tiempo máximo de permanencia.
El "tarifazo" en la hora de los parquímetros se da en medio de una pelea judicial que libra el gobierno porteño para poder aumentar de $450 a $580 el valor del acarreo de autos mal estacionados. Ese incremento fue frenado por la Justicia, que hizo lugar a un amparo presentado por el legislador Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda, quien denunció que se trata de una multa encubierta que favorece a concesionarias que tienen su contrato vencido desde 2001. La Ciudad apeló y ahora debe resolver la Cámara de Apelaciones.
Al respecto, Ramal consideró que "hay una protección del gobierno de Mauricio Macri" a las empresas que controlan el estacionamiento medido y el acarreo "que debería ser investigada".
El diputado aseguró que son empresas que "tienen la concesión vencida, que se le fue prorrogando desde el año 2001 con el agravante de que el propio Estado es el que asume el pago de los sueldos y otros gastos, y las concesionarias se llevan todos los ingresos".
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