Procuradores de todo el país pidieron que las escuchas judiciales queden a cargo de las provincias

El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal propusieron ayer que las intervenciones telefónicas judiciales queden a cargo de las provincias. Lo hicieron durante una reunión de sus representantes con el ministro de Justicia, Julio Alak.

Los dos consejos, que nuclean a los procuradores y fiscales generales de todas las provincias del país, también les enviaron su propuesta a los presidentes de los distintos bloques del Senado, donde hoy comenzó a debatirse la iniciativa que envió el Ejecutivo al Congreso para reformar la Secretaría de Inteligencia (SI). Uno de los puntos más controvertidos es quién quedará a cargo de las escuchas judiciales. De acuerdo al proyecto del Gobierno –que lleva la firma de Alak, entre otros–, será la Procuración General de la Nación.

Según la propuesta de los fiscales generales, cada provincia deberá determinar qué organismo debe estar a cargo de las escuchas. Sin embargo, ambos Consejos creen que debería ser el Ministerio Público.

"Estamos de acuerdo que las escuchas en las causas federales y nacionales estén a cargo de la Procuración General de la Nación pero en las causas de competencia provincial entendemos que las escuchas tienen que estar al frente de las procuraciones provinciales", explicó el fiscal general de San Juan y presidente del Consejo Federal de Política Criminal, Eduardo Quattropani. Y comentó que el objetivo sería asegurar la autonomía provincial.

No obstante, el fiscal sanjuanino aclaró que "debe reservarse para el organismo de inteligencia una cierta capacidad de poder ordenar escuchas telefónicas para determinados temas que hacen a la seguridad del país".