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El Congreso chileno le dio luz verde a la iniciativa, que es la primera gran reforma en materia escolar que saca adelante el gobierno de Michelle Bachelet y que se funda en las demandas y grandes movilizaciones estudiantiles del 2011 y 2012.
El proyecto de ley tiene por objeto terminar con las desigualdades estructurales del sistema educativo, a fin de garantizar a todos los chilenos el derecho a una educación de calidad, sustentado en tres ejes: fin al lucro en establecimientos que reciben recursos públicos; el término de la selección escolar y la derogación del sistema de financiación compartido.
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Las claves de la nueva ley:
Fin al copago:
La nueva ley que fue aprobada por el Congreso de Chile establece la eliminación del copago, aunque los padres podrán hacer donaciones voluntarias, no regulares, a los colegios donde estudian sus hijos.
Selección:
Los colegios con proyectos educativos especiales o de excelencia podrán seleccionar hasta el 30% de su matrícula.
Prohibición de lucrar con recursos públicos:
Se establecen sanciones civiles y penales para quienes ocupen subvención y copago en fines no educativos. La Superintendencia podrá realizar auditorías y pedir información de las cuentas bancarias que se usen para manejar los recursos.
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Sistemas de admisión:
De acuerdo con lo que informa el periódico La Tercera, los colegios deben elegir el sistema aleatorio para la admisión. Los padres deberán postular a más de un colegio y se establece un mecanismo para optimizar las preferencias de las familias, a cargo del Mineduc.
Fondo para educación pública:
Con la sanción de la ley, se crea el Fondo de Recuperación y Fortalecimiento de la Educación Pública, con $250 mil millones por año, entre 2016 y 2019. Estos fondos deberán ser utilizados en acciones que impacten en el desarrollo de las actividades escolares. El Mineduc establecerá por decreto los mecanismos de distribución de los recursos y sus usos.
Arriendos:
En el Senado se repuso la posibilidad de pactar arriendos con entidades relacionadas en los años de transición. Se pueden mantener contratos vigentes y si vencen deben renovar al 11% del avalúo fiscal.