En los pasillos del Congreso de Estados Unidos se sigue con especial atención el caso de la extraña muerte del fiscal especial Alberto Nismal. Varios representantes del partido republicano ya analizan la posibilidad de solicitar sanciones contra funcionarios y ciudadanos argentinos acusados en la denuncia del fiscal especial o que pudieran estar señalados en la investigación por su muerte. Si bien estas son conversaciones informales por ahora, el paso siguiente sería plantearlo en los comités de relaciones exteriores, inteligencia o seguridad.
Algunos legisladores profundizan de esta manera una preocupación que no es nueva y tiene que ver con las conexiones de algunos funcionarios y exfuncionarios argentinos con gobiernos que son considerados por Washington como promotores del terrorismo.
Este tipo de sanciones han sido aplicadas, por ejemplo, a funcionarios y empresarios de Rusia, Irán y Siria entre otras naciones. Generalmente implican medidas que van desde la suspensión de visas hasta la paralización de cuentas bancarias.
Si bien desde el partido demócrata no hacen mención a estas posibilidades, no hay que perder de vista que desde el 3 de enero pasado los republicanos ya cuentan con mayoría en ambas cámaras legislativas.
Si bien por ahora solo se trata de conversaciones preliminares sujetas al avance de la investigación, no sólo algunos legisladores sugieren tratar este tema. Prestigiosos periódicos y editorialistas han reclamado que los funcionarios argentinos sean sancionados por el gobierno norteamericano y la comunidad internacional (Link WT).
Desde la noticia de su muerte la administración del presidente, Barack Obama, ha mostrado extrema cautela en sus declaraciones públicas respecto al tema pero también han manifestado su preocupación. Incluso, Estados Unidos ofreció asistencia técnica y científica al gobierno argentino en la investigación de la muerte de Nisman.
El ofrecimiento fue cursado a través la embajada norteamericana en Buenos Aires. Es que los equipos técnicos y la experiencia del FBI podrían ser una asistencia importante con el fin de esclarecer las circunstancias de la muerte.
Los lazos entre el fallecido funcionario judicial y Estados Unidos son de larga data. Esa conexión profesional siempre estuvo vinculada a la cooperación técnica para asistir en la investigación de los atentados terroristas ocurridos en Argentina. Loretta Lynch es la fiscal federal general en Nueva York, actualmente nominada por Barack Obama para dirigir el Departamento de Justicia de EEUU. La abogada colaboró con Nisman en la investigación de los atentados terroristas en Argentina y es uno de los tantos ejemplos del esquema de cooperación mediante el cuál trabajaba el titular de la fiscalía especial Amia.
No es menor que a horas del discurso anual de Obama y en medio de un agitado clima político, varios legisladores estadounidenses comiencen a analizar la posibilidad de tratar sanciones contra funcionarios y ciudadanos argentinos. Todo depende -dicen- de cómo avance la investigación local. En conversaciones informales con los asesores de los legisladores, estos se mostraron satisfechos con el respaldo de la Corte Suprema y su titular en la investigación, aunque también destacan con preocupación algunos de los recientes movimientos en el sistema judicial argentino.
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