El plan de Kicillof para quedarse con el manejo de los subsidios, evitar a Griesa y a los holdouts

Axel Kicillof está decidido a expandir su área de influencia dentro del Gobierno en el último año de gestión. Entre sus objetivos figura hacerse con parte del manejo de los presupuestos de otras carteras.

Los ministerios sobre las que puso la mira el funcionario el de Industria, a cargo de Débora Giorgi, y de Planificación Federal, que comanda Julio De Vido. El funcionario ya había hecho pie en esas áreas con las designaciones de Mariana González como subsecretaria de Competitividad en el primer caso, y la designación de Mariana Matanga como secretaria de Energía.

En este último caso, Kicillof -de conseguirlo- se quedaría con el control de parte de los 150.000 millones de pesos del gasto del Presupuesto 2015 que en la actualidad están bajo la órbita de ese ministerio y la distribución de millonarios subsidios. Estos fondos se sumarían a los 28.000 millones de pesos que tiene adjudicados Economía para este año.

La saga de la deuda

Entre los planes de Kicillof para el 2015 no figura por el momento una inminente negociación con los holdouts, a partir del vencimiento de la cláusula RUFO.

El del Jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, reiteró en la semana que "la oferta a los bonistas que no entraron en los canjes del 2005 y 2010 no diferiría de lo que el Gobierno ha hecho durante 2014".

Por otra parte fuentes del Ministerio de Economía han manifestado que "se buscara seguir negociando y que hay voluntad de hacerlo pero que del lado de los holdouts no hay voluntad de negociar y además hay voluntad de pago. De hecho hemos depositado los 900 millones de dólares del bono Discount que venció esta semana". Las fuentes cercanas a Kicillof sostienen que "los bonistas que no entraron pueden entrar porque el canje esta abierto desde hace dos años y seguirá abierto".

Cabe recordar que la restrictiva cláusula RUFO no regirá más, pero seguirá estando activa la Ley 26.886. Esta es la continuidad de la Ley Cerrojo que le impide al Gobierno ofrecerle mejores condiciones de pago que las que se dieron a los bonistas en los canjes I y II.

Cae la cláusula RUFO pero siguen vigentes otras leyes restrictivas

Además, se esconde la sospecha de las autoridades de que los llamados me too, los tenedores de títulos en cesación de pagos que todavía no tienen sentencia firme y hasta algunos bonistas que ingresaron a los canjes I y II, busquen sumarse a los tenedores de acreencias en firme por 1.850 millones de dólares, tras el fallo del juez Thomas Griesa.

Pero Kicillof tendría un as en la manga para pagarle a los holdouts, según dejan trascender fuentes de Economía, que es la previsión presupuestaria para 2014 por el equivalente a 4.500 millones de dólares para el pago del cupón PBI correspondientes al crecimiento en 2012, pero que quedó disponible tras la revisión de las cuentas nacionales que determinó un aumento del PBI inferior al umbral de tres por ciento.

Testeo del mercado de capitales

Desde la Secretaría de Finanzas, a cargo de Pablo López, ya le han comunicado a varios bancos que "la actual situación financiera internacional no ofrece garantías de que la Argentina pueda emitir nueva deuda en los mercados", que es un prerrequisito para acelerar una negociación de la forma de pago a los holdouts.

Economía estima que puede disponer de 4.500 millones de dólares del Presupuesto 2014 por el no pago del cupón PBI

De todas formas, las autoridades económicas, estiman que si mejora la situación internacional podrían volver a intentar salir a los mercados a través del canje del Boden 2015 y la emisión del Bonar 2024 luego del estrepitoso fracaso de diciembre, donde sobre una meta de colocar bonos por 3.000 millones de dólares sólo obtuvieron 265 millones en el mercado local e internacional, pese a que la tasa de corte fue del 9,50 anual.

En Economía temen que en caso de no llegar a un acuerdo con los holdouts en 2015 sobre la forma de honrar la sentencia de Thomas Griesa que el juez declare en desacato a la Argentina. Una declaración de estas caracterísitcas podría tener efectos sobre el Banco Central de la República Argentina y también sobre el Banco Nación, porque han contribuido a incumplir la orden judicial al procesar los pagos a bonistas bajo legislación Nueva York a través de Nación Fideicomisos y no sobre el banco pagador que es el Bank Of New York (BONY).