El fiscal federal Eduardo Taiano impulsó la investigación judicial para determinar si tres funcionarios del gobierno nacional cometieron delito en la cesión del terreno que era de los ferrocarriles y que va a ser utilizado para la instalación de la sede del Mercado Central en el barrio de Colegiales en la Capital.
El espacio fue cedido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a la Corporación Mercado Central. Los vecinos del barrio que se oponen tenazmente a la llegada de una sede del Mercado Central al barrio por cuestiones ambientales, denunciaron el hecho en la justicia federal. Los vecinos sostuvieron en la denuncia que ese terreno fue asignado en 2003 por el ministro de Planificación Julio de Vido a la Ciudad de Buenos Aires, administrada por entonces por Aníbal Ibarra, para crear un espacio verde de interés vecinal.
Pero once años después, nadie hizo nada y la AABE le cedió el espacio al Mercado Central, por lo que los vecinos denuncian que el vicepresidente de la AABE y el presidente del Mercado Central no actuaron como debían. Por eso Taiano impulsó la investigación e imputó a Alberto Vulcano, Martín Reibel Maier, presidente y vicepresidente de la AABE respectivamente, y a Carlos Alberto Martínez, presidente de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.
Antes de denunciar a los funcionarios nacionales, los vecinos de Colegiales habían hecho lo mismo con integrantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: accionaron penalmente contra el presidente de la Agencia de Protección Ambiental del gobierno porteño (APrA), Juan Carlos Villalonga; lo acusan de negarse en reiteradas ocasiones a clausurar la construcción del Mercado Central en Colegiales.
La denuncia de los vecinos contra los funcionarios macristas alcanzó también a Antonio Ledesma, director de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR), y los funcionarios de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro responsables por autorizar y registrar los planos de una obra en un distrito en el cual el Código de Planeamiento de la Ciudad no permite la instalación de una sede del Mercado Central.
La imputación de Taiano -a la que accedió Infobae- fue fechada el 9 de diciembre pasado. El juez del caso, Sergio Torres, comenzó a pedir la información que el fiscal solicitó que se añada al expediente.
De todos modos, entre la denuncia, la imputación y la llegada del material al juzgado ha ocurrido una novedad: la Legislatura porteña aprobó la rezonificación del predio que pertenecía a la Nación para que no se pueda edificar el mercado y dispuso que allí solo pueda montarse un parque público.
La instalación del Mercado Central en Colegiales -las obras avanzan a pesar de la discusión sobre la legitimidad de la instalación- parece ser un punto alto de la política de Estado que lleva adelante la Secretaría de Comercio Interior que depende del ministerio de Economía.
Un importante funcionario de esa cartera habría anotado a uno de sus hijos en la escuela que está frente a lo que va a ser el mercado Central. Los dueños de esa establecimiento privado están entre los vecinos que se oponen a que el barrio cambie de forma contundente.
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