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Esta semana, el Banco Nación informó que a partir del 1° de enero suspenderá definitivamente el financiamiento a los ruralistas que no hayan vendido el remanente de granos de soja.
En diversas sucursales del Nación se podía ver el siguiente aviso: "Se pone en vuestro conocimiento que este banco ha dispuesto atender hasta el 31/12/2014 en forma normal según lo pactado para cada uno de los clientes".
"Luego de dicha fecha sólo se atenderán a aquellos productores que acrediten no tener existencia de soja, para lo que deberán presentar acuse de recibo para existencias informadas al 31/08/2014 y los comprobantes de ventas respectivos que verifiquen no poseen existencia de dicho grano", anunció la entidad bancaria.
En reacción a esta medida, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) pidió al ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, y al presidente del Banco de la Nación Argentina, Juan Ignacio Forlón que dejen "sin efecto" las restricciones en el acceso al crédito.
La CRA manifestó "su total rechazo a las medidas tomadas contra el financiamiento rural", y para la entidad, desconocer como sujetos de crédito a aquellos productores sojeros que cuenten con granos en sus campos debe ser entendido como "una nueva embestida hacia el sector agropecuario".
Según la CRA, este tipo de iniciativas "no hacen más que ahondar en el estancamiento de la inversión y producción del sector que sufre una presión impositiva récord" y consideró que "estas restricciones establecen un claro desincentivo a la incorporación de tecnología".
En la misma línea se manifestó la Federación Agraria Argentina, de la mano de su flamante presidente, Omar Príncipe, quien repudió las declaraciones del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
El funcionario había calificado de "racional" la decisión del Banco Nación, y Príncipe aseguró que esa medida "obliga a mal vender nuestra pequeña reserva de granos".
El líder de Federación Agraria además opinó que "al gobierno no le interesa entender nuestra realidad. Tendremos que invitar a Capitanich a que venga a nuestras chacras, a ver si después de eso sigue considerando racional cerrarnos las puertas de la banca pública".
"Es evidente que el gobierno nacional una vez más elige no escuchar el reclamo legítimo de los pequeños y medianos agricultores, empeñándose en colocarnos públicamente como los enemigos de la sociedad. Y, frente a esto reiteramos la convocatoria al tractorazo en Río Tercero el 18 de diciembre, para repudiar la decisión del Banco Nación, denunciar la distorsión de precios en el mercado de trigo y solicitar nuevamente la segmentación de las retenciones", concluyó Príncipe.
Por otro lado, el jueves el ministerio de Economía autorizó la liberación de un nuevo cupo para exportar 1 millón de toneladas de trigo, correspondiente a la campaña 2014/2015, a partir del 1º de enero de 2015.
Para la Sociedad Rural Argentina (SRA), esa autorización forma parte de las "prácticas abusivas" en la que son "cómplices" el "gobierno, molinos y exportadores", y que "sólo actúa en desmedro del productor y el consumidor".
La SRA indicó que "la ineficiencia del cierre discrecional de las exportaciones de trigo para supuestamente cuidar la mesa de los argentinos pone en duda la transparencia de este acuerdo que hace años involucra al gobierno, molinos y exportadores del cereal".