La investigación sobre Hotesur, la empresa que administra los hoteles de la familia Kirchner en la Patagonia, mereció una reacción inmediata del oficialismo, que una vez más vio en el hecho una confabulación entre la Justicia y la oposición para afectar la imagen de la Presidente. En cuestión de horas, el kirchnerismo denunció al juez Claudio Bonadio y a la diputada Margarita Stolbizer, cuya acusación motivó la apertura de la causa. Luego fue el turno de Silvina Martínez, hoy asesora de la legisladora y quien supo ser directora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia (IGJ).
La abogada, desplazada de la IGJ de manera intempestiva en medio del escándalo por el caso Ciccone, detalló que la empresa presenta varias irregularidades ante el organismo que supo integrar: no presentó los balances ni informó de las autoridades que la conformaron cada año, como debería hacerlo cualquier otra sociedad; tampoco informó un domicilio real –de hecho, brindó uno falso, la oficina allanada en Lavalle 795 (CABA)– ni la composición accionaria.
"Todas esas irregularidades juntas llevan a pedir la cancelación judicial, que es lo que hace la IGJ con otras sociedades", afirmó Martínez, quien días atrás declaró en calidad de testigo ante el juez Bonadio. "Para el Estado, una sociedad en esas condiciones es una sociedad fantasma, es inactiva. Deberían solicitar la cancelación judicial", insistió.
El Gobierno reconoció algunas de las faltas en las que habría incurrido la firma, pero buscó minimizar el hecho. "Habrá sido el error de un contador", dijo el secretario de Justicia, Julián Álvarez, al observar que sí se habían presentado los balances ante la AFIP. El funcionario informó que de todos modos recibiría la multa "más severa" contemplada para esos casos: $3.000.
Martínez consideró, en cambio, que a Hotesur se la tendría que sancionar por cada una de las irregularidades detectadas. "Sería mucho más que $3.000", aseveró. Y agregó que poco puede importar el trámite realizado ante la AFIP, ya que las presentaciones hechas ante la IGJ sirven para "el conocimiento sobre terceros".
De cualquier manera, la abogada indicó que desde 2012, con el desembarco de La Cámpora, la inspección ya no entrega la información ante los requerimientos de particulares. En rigor, dijo que tampoco lo suele hacer incluso cuando la solicitud es judicial. Y ejemplificó con el caso Ciccone, que a su entender fue el detonante de su salida: "Empezaron a llegar pedidos de informes de legisladores y periodistas, ahí se pusieron bastante nerviosos, me exigían que no entregara la información a los jueces".
"A mí en realidad nadie me dice a la cara que me despiden, sino que me notifico cuando voy a hacer un trámite en recursos humanos y figuraba echada", contó. "El decreto de mi baja salió ocho meses después de que me mostraron eso".
La letrada recordó que sufrió "ataques de prensa" y que incluso la cuenta de Twitter de la Casa Rosada hizo público su domicilio e incitó a agredirla. "Me sentí perseguida, tuve mucho miedo. Era una ciudadana común frente a la Casa Rosada".
A raíz de su declaración ante Bonadio, Martínez fue denunciada por supuesto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falso testimonio. Al respecto, dijo: "Temo que no haya justicia" y que le pueda ocurrir algo de parte de "alguien en algún arrebato de fanatismo extremo". Y agregó: "Están fogoneando una agresión, eso te asusta mucho".
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