Fuera del sistema, miles de jóvenes se dedican al delito y al crimen organizado. La información oficial señala que hay 19.000 pandilleros en Guatemala, pertenecientes a las 70 clicas (bandas) que operan en el país.
Sin embargo, y a pesar del impacto de sus acciones delictivas, no existen alternativas para prevenir, reinsertar y rehabilitar a estos jóvenes organizados.
De acuerdo con un artículo publicado en el periódico La Hora, según el Sistema Penitenciario guatemalteco, en los centros carcelarios hay un total de 1.026 pandilleros activos del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha (MS).
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Las estructuras de pandillas se organizan en la cárcel, donde se encuentran recluidos sus líderes, quienes dirigen a miles de jóvenes y colaboradores en la calle. Los informes oficiales detallan que 70 bandas de pandillas asedian las colonias y zonas rojas, donde cometen extorsiones y asesinatos, y según un informe, en total habría 19.000 pandilleros en el país.
Según Eluvia Velásquez, de la Asociación para la Prevención del Delito (Aprede), el Estado, el sector empresarial y las organizaciones sociales deben unirse para trabajar y atender el origen de los problemas que hoy afectan a la niñez y a la juventud.
"Es importante que todos trabajemos en esto, la sociedad civil, el Estado, no podemos seguir haciéndolo de manera aislada", subrayó Velásquez en declaraciones recogidas por La Hora.
Agregó que la situación es compleja: "Hace falta ayuda del gobierno, de la iniciativa privada, de las familias. En Guatemala no hay algo que nos permita salir adelante, si para los chicos que no están en pandillas les cuesta salir adelante o encontrar alternativas, es aún más difícil para los que salieron de la cárcel", concluyó.
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En una entrevista con El Periódico de Guatemala, hace unos días el fiscal contra el crimen organizado, Rony López, reveló el fenómeno criminal del que poco se sabía hasta hace cinco meses, cuando se creó la Unidad Contra el Tráfico de Armas.
Cuenta que participó en una capacitación con expertos en control de armamento de la Argentina, Austria y El Salvador. "Hemos visto que los registros no están en poder de una institución militar, sino civil. Ese cambio ha permitido avances en las investigaciones de personas o estructuras que se dedican a la transferencia de armas legales a armas ilegales".
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