La Procuración General de la Nación que conduce Alejandra Gils Carbó otra vez es noticia por un procedimiento judicial. Por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, peritos informáticos analizan los servidores desde los cuales se presume que se habría accedido a dictámenes que un fiscal tenía bajo estricta reserva.
La causa se inició luego de que el fiscal César Augusto Troncoso denunciara a una funcionaria vinculada a la procuradora Alejandra Gils Carbó que habría accedido "de manera no autorizada e ilegal" a información suya que estaba registrada en una computadora laboral.
A partir de allí, el fiscal Guillermo Marijuan pidió encarar una investigación y que se peritara el software en cuestión. El viernes pasado se realizó un operativo en Belgrano y Tacuarí pero allí no se encontraron los servidores, pues los mismos –luego aportó el denunciante están en la dependencia ubicada en Avenida de Mayo 760, donde ahora están los peritos.
La acusada es Romina Pzellinsky, quien se encuentra a cargo del Programa sobre Política de Género. El supuesto espionaje habría sido sobre dos dictámenes, uno radicado en la Fiscalía 5 y otro en la 23, ambas a cargo de Troncoso. Esos documentos fueron utilizados en un sumario por presunto mal desempeño que se inició contra el denunciante.
Pzellinsky, según la denuncia, "abusó de las funciones propias de su cargo" ya que no estaba autorizada a acceder al sistema FISCALNET (pone en red a todos los fiscales) ni a obtener copias de los dictámenes. "No descarto que el acceso haya sido más amplio e involucre y perjudique a otras dependencias, tanto fiscalías nacionales de instrucción como fiscalías federales", apuntó Troncoso en su denuncia.
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