En una conferencia realizada en el salón Arturo Illia del Congreso, los jefes de los bloques de la UCR, el FAP, el PRO y el PJ disidente presentaron un documento consensuado en el que manifiestan su voluntad de no apoyar la designación del reemplazante en la Corte Suprema del juez Raúl Zaffaroni –quien presentó su renuncia a partir del 1 de enero– hasta que la presidente Cristina Kirchner no deje su cargo.
"Los abajo firmantes, senadores de la Nación comprometidos con la defensa de la necesaria independencia del Poder Judicial, suscribimos el presente instrumento comprometiéndonos a rechazar el tratamiento de cualquier solicitud de acuerdo para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta tanto finalice el próximo proceso electoral en virtud del cual se elegirá el nuevo Presidente/a de la Nación y se renovarán parcialmente ambas Cámaras del Congreso de la Nación", reza el texto que apoyaron 29 senadores.
Entre los firmantes se encuentran Ernesto Sanz y Gerardo Morales (UCR), Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur), Carlos Reutemann (Peronismo disidente), Luis Juez (Frente Cívico cordobés), y Gabriela Michetti y Diego Santilli (PRO).
A cargo de la presentación estuvo el socialista Rubén Giustiniani. Al ser consultado sobre cómo será el funcionamiento del máximo tribunal con un ministro menos, respondió que la situación "no paraliza la actuación de la Corte". Y explicó: "Ante la actitud del Gobierno de querer llevarse todo puesto como en el control de la Justicia al no querer modificar el Ministerio Público Fiscal, creemos que es oportuno esperar".
Michetti, por su parte, sostuvo: "En lugar de poner a favor de los ciudadanos de modificar el sistema inquisitivo por uno acusatorio, la está utilizando para nombrar 1.700 cargos oficiales que son de su pertenecía, de su sector". Minutos después, el cuerpo que integran dio media sanción al proyecto de reforma del Código Procesal Penal.
El kirchnerismo reaccionó con críticas. "Resulta sorprendente la actitud de referentes políticos y sociales que pretenden diferir la integración del tribunal", sostuvo la agrupación judicial oficialista "Justicia Legítima" en un comunicado. Y recordó que "son los mismos que alabaron" el proceso de designación de jueces para la Corte que instauró Néstor Kirchner a través del Decreto 222/2003, por el cual se estableció que se conozcan públicamente los antecedentes del candidato y que ciudadanía y organizaciones sociales pueden presentar apoyos o impugnaciones al postulante.
"La falta de integración no sólo incumple las disposiciones constitucionales sino que deslegitima la labor de la Corte Suprema porque restringe las opiniones a un menor número, tornando la discusión jurídica menos democrática. Cuantas más ideas, más democracia. En este caso, más es mejor", afirmó la organización.
La entidad también se pronunció sobre el debate respecto a qué cantidad de jueces debe integrar la Corte. "A lo largo de la historia de nuestro país este tribunal ha tenido muy diversas integraciones y en varias oportunidades cambió el número de sus miembros, que nunca se fijó en menos de cinco ni en más de nueve. Nuestra Constitución prevé que la cabeza del Poder Judicial esté a cargo de un cuerpo colegiado", dijo. "De esta forma se busca que ese cuerpo sea una muestra de diversidad representativa de la sociedad que debe juzgar", añadió.
El tema de la Corte se desató en las últimas semanas, cuando Zaffaroni cumplió con su promesa y presentó su dimisión al 31 de diciembre, ya que a principios de enero cumple 75 años, la edad límite establecida por la ley para integrar el cuerpo.
A partir de la renuncia de Zaffaroni empezó un debate sobre si correspondía o no cubrir la vacante, habida cuenta de que la normativa impulsada por el kirchnerismo estableció una Corte de cinco miembros.
En medio de las discrepancias –incluso entre propios miembros de la Corte– también surgieron propuestas de aumentar el número de jueces a siete y nueve.
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, dijo por ejemplo que el cuerpo podía funcionar con cuatro integrantes, mientras la vice, Elena Highton de Nolasco, consideró que la vacante debe cubrirse y que debe designarse a una mujer.
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