El ex interventor de la Administración General de Puertos y actual titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Ricardo Horacio del Valle, fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública. Para la Justicia, se interesó por que una empresa tuviera una concesión de 20 años en el uso de los espigones norte y sur de la ex toma N1 de la empresa Obras Sanitarias.
Se trata de una concesión de 20 años, la cual vence en 2019, a la empresa Puerto Norte S.A., y que consistía en varios puntos: la reparación tras los daños provocados por un temporal en el año 2000 de la estructura del espigón sur estimada en 500 mil dólares; el pago de un canon locativo; así como la conservación y mantenimiento de eventuales daños a la infraestructura.
El juez del caso, Luis Rodríguez, consideró que el funcionario no tuvo en cuenta la oferta hecha por otras empresas para realizar reparaciones en el espigón sur, "no disponiendo lo necesario para efectuar un análisis preciso de las especificaciones técnicas ni de los montos a invertir sino una aproximación de las sumas involucradas".
En su descargo, el funcionario aseguró que se trató de un contrato que se prorrogó y que él estuvo a cargo de la administración de puertos desde febrero de 2000 a 2002, por lo que las obras realizadas por Puerto Norte S.A. no fueron controladas por él.
Uno de los puntos es la sospecha de la suma acordada por la reparación del espigón sur. Según un ingeniero civil hidráulico que declaró en la causa, no se pudo determinar ningún gasto que ascendiera a los 500 mil dólares que fijó la empresa. Además, dijo que el mantenimiento fue casi nulo pues la estructura original no ha sufrido variaciones.
La otra sospecha de la Justicia es que en el contrato no se tuvo en consideración la superficie de espejo de agua, "cuya rentabilidad superaría los cuatrocientos mil pesos mensuales en el año 2013".
"No cabe desconocer aquí que la mayor fuente de ingreso de la zona concesionada resulta fruto de las amarras allí existentes. Las mismas, durante el año 2013, ascendían a 250 amarras con un precio inicial de alquiler de mil setecientos pesos mensuales", agregó el juez Rodríguez en el fallo al que accedió Infobae.
Junto con el procesamiento al titular del INTI, un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Industria le fijó un embargo de 500 mil pesos.
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