El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, partió este domingo a una gira comercial de seis días a China y Australia dejando atrás a un país conmocionado y las enfurecidas protestas por la posible masacre de los 43 estudiantes desaparecidos.
"No atender un evento como éste sería actuar con irresponsabilidad", dijo Peña Nieto durante un mensaje a medios efectuado en Anchorage (Alaska, Estados Unidos), durante una escala de su viaje a China.
En Pekín, el presidente participará en la cumbre de APEC y después realizará una visita de Estado a China. Posteriormente asistirá a la cumbre del G20 en Brisbane (Australia).
"Quizá lo más fácil, lo más cómodo, hubiese sido dejar de atender este compromiso" pero estos son los foros más importantes y tendrán un impacto en "la economía de nuestro país y en la generación de empleos", argumentó.
Desde que asumió la presidencia en 2012, el mandatario ha tratado de que la atención nacional e internacional se enfoque en sus ambiciosas reformas económicas.
Pero la desaparición de los estudiantes la noche del 26 de septiembre en Iguala (Guerrero, sur), tras ser brutalmente atacados por policías locales, devolvió a México al drama de la violencia que marcó a su predecesor Felipe Calderón.
Peña Nieto afronta la peor crisis de su presidencia y su partida ha sido duramente criticada tanto por opositores como por familiares y compañeros de los estudiantes.
El viaje "es una burla, demuestra su falta de calidad moral jugando con los sentimientos y la dignidad de 43 estudiantes", dijo este domingo a la agencia AFP Juan González, estudiante de la escuela para maestros rurales de la comunidad Ayotzinapa a la que pertenecen los desaparecidos.
Amnistía Internacional también reprochó al presidente que su viaje demuestra "poco interés en hacer frente a la grave situación de derechos humanos en México".
Peña Nieto sostiene que la violencia ha bajado desde que asumió el poder pero más de 100.000 personas han sido asesinadas o desaparecidas desde que Calderón lanzó en 2006 su combate militar contra los cárteles. La inmensa mayoría de esos crímenes están impunes.
Ataque al palacio
Horas antes del viaje, una nueva multitudinaria y pacífica manifestación acabó con el ataque de un pequeño grupo radical al emblemático Palacio Nacional, en el corazón de Ciudad de México.
Una veintena de manifestantes trataron de derribar con vallas metálicas la puerta principal de este edificio colonial e incluso consiguieron prenderle fuego brevemente a la entrada arrojándole cócteles molotov.
La manifestación, que terminó con 14 detenidos, fue antecedida por otra fuerte protesta frente a la sede de la gobernación del estado de Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo, donde estudiantes incendiaron una decena de vehículos.
"No se puede exigir justicia actuando con violencia", recalcó Peña Nieto, que reiteró su apoyo a las familias de los desaparecidos.
Las protestas ocurrieron el día después de que la Fiscalía anunciara que sicarios narcotraficantes han confesado que asesinaron a los estudiantes, quemaron sus cadáveres y arrojaron los restos a un río.
Las familias se niegan a creer que este haya sido el final del atroz crimen que ha estremecido a México y el mundo hasta que se lo confirmen con pruebas los peritos argentinos independientes de su confianza.
Los angustiados familiares permanecen recluidos en la escuela de Ayotzinapa, reconocida por su ideología socialista. El domingo recibieron la visita solidaria de personas que les prepararon comida así como de universitarios y activistas que les entregaron unos 180.000 pesos (u$s13.000) que recaudaron para ellos.
También les leyeron poemas y cartas redactadas por niños y les cantaron canciones. Algunos de los padres agradecieron el gesto entre lágrimas.
Enojo con clase política
México vive una irritación sin precedentes recientes contra su clase política que ha alcanzado al presidente, contra quienes los manifestantes del palacio lanzaron gritos de "fuera" y "asesino".
El crimen de Iguala, que para Human Rights Watch es uno de los más graves de la historia reciente de América Latina, dejó al desnudo la profundidad de la infiltración del crimen organizado en autoridades mexicanas.
Los estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados en la cercana Iguala por policías locales, que luego los entregaron a los sicarios del cártel Guerreros Unidos que supuestamente los masacraron.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ahora detenido, está acusado de trabajar para ese grupo criminal y de haber ordenado los ataques por temor a que los estudiantes sabotearan un evento público de su esposa, hermana de tres narcotraficantes.
Abarca ya estaba acusado de un asesinato cometido en 2013, pero ninguna autoridad actuó contra él.
El gobierno federal también ha sido duramente criticado por tardar más de una semana en asumir la investigación y, 44 días después de las desapariciones, no ofrecer pruebas concluyentes del paradero de los jóvenes.
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