El juez federal Santiago Ulpiano Martínez procesó a Germán Sasso, director de La Brújula, medio que publicó una serie de escuchas que complicaron la situación judicial de Juan Suris. El mediático empresario está acusado por narcotráfico y en distintas conversaciones se lo escucha hacer alarde de sus contactos con el poder.
De acuerdo a la visión del magistrado, el origen de las escuchas es "ilícito" porque un funcionario habría violado el secreto de sumario. Sasso se amparó en su derecho constitucional de proteger las fuentes de información y evitó dar el nombre de las personas que les suministraron el material.
"El juez no conoce la Constitución. Ha atropellado todos los derechos de los periodistas, de la libertad de expresión. Además le ha metido miedo a todos los periodistas que tenemos en la radio y en la página. Y, fundamentalmente, atenta contra las personas que se estaban enterando de detalles de la investigación", evaluó Sasso este jueves en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Mitre.
Ulpiano Martínez es un juez que no tiene muchos antecedentes. Es un secretario que tomó el cargo cuando se jubiló el magistrado que estaba a cargo del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca. Es el mismo funcionario judicial que en marzo había dispuesto el procesamiento con prisión preventiva de Suris por el delito de asociación ilícita, en calidad de jefe y organizador.
"Lo que nosotros pensamos es que acá hay otra cosa y que hubo una presión para que actúe de esta manera", cree Sasso.
Otro funcionario judicial que quedó en la mira por este expediente es el fiscal Antonio Castaño. Fue quien ordenó el primer allanamiento en La Brújula el día en que estaba previsto que se publiquen escuchas que, curiosamente, lo vinculaban con el narcotráfico. Infobae accedió al audio de la polémica:
Castaño no sólo pidió el allanamiento sino que también impulsó la declaración indagatoria y hasta el procesamiento de Sasso, a quien acusan de encubrimiento por no divulgar sus fuentes de información, desconociendo principios básicos de la Constitución y de tratados internacionales a los que adhirió la Argentina.
Las escuchas difundidas por el medio que dirige Sasso fueron clave para distintas investigaciones. Por ejemplo, el juez federal Sebastián Casanello pidió audios donde Suris hablaba de sus contactos con funcionarios de distintas provincias luego de que La Brújula los publicara. "El juzgado de Bahía Blanca los tenía escondidos", repasó el periodista.
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