El fiscal De Luca pidió bajar la condena a dos prefectos que llevaban 91 kilos de marihuana

En otra decisión insólita, el fiscal Javier de Luca pidió rebajar la pena de prisión a un prefecto y un ex oficial de la fuerza acusados por transportar 91 kilos de marihuana. La mayoría de los jueces que intervinieron en la causa cuestionaron su decisión, pero no pudieron frenarlo: pese a que la defensa de los propios acusados no lo había pedido, el integrante de la agrupación Justicia Legítima cambió la carátula de la acusación y logró así que los denunciados obtuvieran condenas más bajas.

Todo comenzó el 21 de diciembre de 2012, cuando el cabo primero Jorge Ariel Ávalos y el ex oficial de Prefectura Claudio David Pérez fueron detenidos por la Policía Bonaerense al salir del estacionamiento del supermercado Walmart de San Justo, La Matanza. Como habían sido vistos en actitud sospechosa, se les pidió la documentación del auto Honda City en el que viajaban. Ávalos mostró su placa y su arma reglamentaria para intentar eludir el control. Pero el vehículo figuraba como robado y tenía papeles falsos. En el baúl, los policías encontraron 91 kilos de marihuana, repartidos entre un bolso del personaje infantil "Hello Kitty", una valija verde y otra negra.

Ambos fueron detenidos y acusados por el delito de transporte de estupefacientes. Por ese crimen, el Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín condenó a Ávalos a seis años y cuatro meses de prisión y a Pérez a cuatro años y tres meses. Sus abogados presentaron un recurso ante la Cámara de Casación Penal. Entonces intervino el fiscal De Luca.

La droga descubierta alcanzaría para que cada joven de entre 17 y 18 años del país tuviera una dosis para consumir, advirtió un juez

Las defensas en ningún momento pidieron cambiar la carátula del crimen por el que se acusaba a sus detenidos. Lo que habían solicitado es que se considerase que el delito había sido en grado de "tentativa" porque nunca llegó a consumarse. Pero el fiscal De Luca fue más allá y modificó la figura con la que eran acusados. Aunque fueron detenidos con el equivalente a casi un millón y medio de dosis arriba del auto, el funcionario pidió que no sean juzgados por transporte de estupefacientes, sino por tenencia simple, una de las carátulas más bajas posibles dentro de la ley.

Su cuestionada decisión respondió a un tecnicismo. "Considero que la conducta obrada por los condenados debe ser subsumida en el delito de tenencia simple de estupefacientes. Ello así, por cuanto la descripción del hecho no evidencia el punto de origen, como así tampoco el lugar de destino de la droga secuestrada. En ese sentido, no cualquier traslado de una cosa de un lugar hacia otro constituye transporte en la significación jurídica del término. El concepto jurídico del transporte de estupefacientes implica más que el mero acto de trasladar una cosa de un lugar a otro", justificó en el escrito al que tuvo acceso Infobae.

Debido a que la fiscalía impuso esa calificación, la Sala II de la Cámara de Casación Penal tuvo que ajustar su fallo a las palabras de De Luca y reenvió la causa al Tribunal Oral Federal Nº2 de San Martín para que dicte una nueva sentencia.

Los jueces Daniel Alberto Cisneros, Diego Leif Guardia y Alfredo Justo Ruíz Paz recibieron el pedido y no tuvieron más remedio que rebajar las penas por el cambio de carátula: Ávalos fue condenado a cuatro años y meses de prisión y Pérez a cuatro años.

"Es una posición que ni siquiera las defensas habían insinuado", lo cuestionó el juez Cisneros

En su fallo, los magistrados dejaron escritas duras críticas contra De Luca: "El fiscal consideró que la conducta debía ser subsumida en la tenencia simple de estupefacientes, posición que ni siquiera las defensas habían insinuado, pues todas las críticas referidas a la calificación legal se centraron en el carácter de consumado del transporte, alegando que había quedado en un simple conato".

En su voto, Cisneros advirtió que los 91 kilos de marihuana eran suficientes para "conformar 1.416.558 dosis" de la droga. "Para poner en perspectiva este dato, resalto que dicha cantidad alcanzaría para que todos los jóvenes de 17 y 18 años del país tuvieran una dosis para consumir", especificó.

Pero pese a todos esos agravantes, no les quedó más que aplicar la figura ordenada por De Luca. "Por imperio del principio acusatorio que rige nuestro sistema penal, la jurisdicción no se puede apartar de la calificación delimitada por el fiscal en esa instancia", explicaron.

Tan insólita fue la decisión del fiscal kirchnerista que el juez Cisneros se permitió hacer un aparte en su voto para reclamar mayores controles a la actuación de este tipo de funcionarios. "Es de advertir la necesidad de que se prevea un control directo o indirecto de los órganos que ejercerán la acusación", concluyó.

No es la primera vez que el fiscal De Luca toma una decisión polémica: a mediados de año, el integrante de Justicia Legítima pidió que se censuraran los comentarios en Infobae por las críticas que recibió tras haber criticado el actual Código Penal.