Un acuerdo PRO-K por el aborto irrestricto

Este martes se discutirá en la Comisión de Legislación Penal de Diputados un proyecto de ley destinado a rever los artículos 85, 86 y 88 del Código Penal. Se trata, en concreto, de despenalizar el aborto y ampliar su práctica de forma irrestricta, incluso en menores de edad.

La noticia de la convocatoria a audiencia fue manejada detrás de bambalinas y responde a un acuerdo entre la diputada Patricia Bullrich (PRO) y Diana Conti (FpV), presidenta y vice de la comisión en cuestión, respectivamente. Así las cosas, los argentinos podríamos despertar el miércoles 5 con el proyecto de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito aprobado en una comisión clave y en camino de tratarse en el pleno de la Cámara Baja. La apresurada e imprudente decisión de Bullrich despertó alarma en el partido de Mauricio Macri y en la sociedad civil por varias razones.

La posición de Bullrich no es clara, incluso oscila con la misma ambigüedad que su trayectoria política. La legisladora (también ex PJ, funcionaria de la Alianza y por tiempo fiel sabueso de Elisa Carrió) presentó en 1994, junto con Graciela Fernández Meijide, un proyecto de despenalización del aborto de su propia autoría.

La irresponsabildiad con la que se maneja un tema del que penden nada más que la salud de las mujeres y la vida de sus hijos divide las aguas hasta en el PRO. No solo por la decisión, tomada de forma unilateral, a pesar del expreso rechazo del jefe de bancada, Federico Pinedo. También porque legitima de este modo el típico accionar del kirchnerismo: convocar a las apuradas con el fin de obtener dictamen de hoy para mañana en proyectos más que sensibles. Como hizo Diana Conti con la Ley de Abastecimiento.

Convocando a la audiencia, la legisladora cedió ante la presión de un puñado de ediles que año a año intentan instalar el tema mediante artimañas poco democráticas, como en este caso, convocando en secreto a una audiencia para un tema que divide a la sociedad y requiere seriedad y profundización en su debate. A fin de año. Y sin escuchar a la sociedad civil.

El aborto es una ley incómoda para casi todos los bloques. En 2011 ya habían fracasado con un par de maniobras irregulares, cuando Juan Carlos Vega presidía la comisión. Incluso Bullrich había impugnado en esa ocasión el pseudo-dictamen alegando cuestiones técnicas. Pero esta vez volvió a cambiar de parecer, casi tan rápido como de partido.

Lo cierto es que Bullrich facilita el tratamiento y adopta una definición ideológica sobre un tema que divide a la sociedad y también al partido de Mauricio Macri y a sus votantes -el silencioso pero abultado caudal de votos de quienes buscan una alternativa de centroderecha. También, de haber dictamen, daría lugar para que antes de fin de mes las comisiones de Familia y Salud actúen de igual modo, o bien encaren 2015 con la espalda holgada para actuar de igual modo.

Más allá de la arena política, cientos de organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia (del campo médico, bioeticista y también constitucional) vienen reclamando que se los convoque y escuche al respecto. Son quienes conocen a fondo el campo y las necesidades que las mujeres tienen en los barrios precarizados de todo el país. Precisamente, buscan contención social y ayuda para llevar adelante su embarazo, y no una ley irresponsable y con consecuencias deletéreas, como el síndrome post-aborto.

Noviembre, con el calor que trae y la crispación política que ya se observa con vistas a las elecciones presidenciales, no colabora para dar un debate serio que acerque posiciones y deje a los diputados en condiciones de legislar. Distinto sería abordar el problema con la seriedad que requiere, a comienzo de año, y con una convocatoria que demuestre representatividad y pluralidad de una sociedad dispuesta a abordar el tema con responsabilidad.

La jugada de Bullrich y de los diputados de la campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito no hace más que embarrar la cancha y mostrar poco apego a las instituciones republicanas. Al momento, jamás se ha convocado a una audiencia pública en la que se escuche la voz de la sociedad civil. Ojalá este no sea el caso de otra ley aprobada a las apuradas y de consecuencias nocivas para los más argentinos indefensos e inocentes: aquellos los que están por venir.