El Gobierno pagó alrededor de u$s400 millones a los abogados del caso contra los holdouts

Los abogados senior del estudio jurídico neoyorquino Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, cuyos servicios contrató el Gobierno para llevar adelante el litigio con los holdouts, cobran entre u$s1.000 y u$s1.300 la hora de trabajo.

En total, la firma le factura al país unas 3.000 horas de trabajo por mes, lo que significa que el monto mensual que se le abona a la empresa escala hasta los u$s3 millones aproximadamente. En los últimos 12 años, la Argentina le pagó al estudio alrededor de u$s400 millones para llevar adelante la defensa de la Argentina, según informó hoy el diario La Nación.

Cleary se encarga de llevar adelante la defensa argentina en los distintos casos, no solo en los Estados Unidos, sino también en tribunales de otros países y frente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi) del Banco Mundial, en donde un grupo de bonistas italianos exige el pago de u$s3.000 millones por la deuda en default.

Fuentes del ámbito jurídico neoyorquino confirmaron al matutino que Jonathan Blackman, el letrado principal en el equipo legal que trabaja en el caso argentino contra los holdouts, cobra "bien por encima de los u$s1.000". El segundo es Carmine Boccuzzi y el tercero, Roger Thomas. El litigio le dio a la firma de abogados presencia a nivel América Latina.

Un abogado opinó en diálogo con el matutino que la facturación que Cleary recibe de la Argentina por año "no es nada relevante", debido a que la facturación total anual del estudio jurídico debe ser de "más de mil millones de dólares".

Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton quedó en el centro de la polémica en el litigio contra los holdouts cuando

firmado por los abogados de la firma Carmine Boccuzzi, Jonathan Blackman y Carmen Corrales afirmando que "(l)a mejor opción para la República

de tal manera que el mecanismo de pago y otros aspectos relacionados se mantenga fuera del alcance de la Corte de EE.UU".

El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen, quien trabajó junto al estudio, consideró que el error principal de la firma "en el juicio del pari passu, que la Argentina perdió en forma definitiva en junio, fue que convalidó una tasa de interés muy alta respecto de la suma que reclamaban los fondos buitre; en vez de u$s1.600 millones, el estudio debió haber peleado para que fuera una sentencia por u$s700 millones".

Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, creado en Europa, en 1949, entre 1989 y 2001 asesoró a la Argentina en lo que respecta a transacciones financieras al exterior. En 2002, un decreto de Eduardo Duhalde aprobó la contratación de la firma "con el objeto de patrocinar a la República Argentina en los procesos judiciales en que sea parte el Estado nacional en temas relacionados con la deuda externa argentina y desarrollar tareas de asesoramiento jurídico en las negociaciones con los acreedores externos que lleve adelante el Ministerio de Economía".