La reforma del Código Procesal Penal que impulsa el kirchnerismo generó un arduo debate desde que la presidente Cristina Kirchner anunció el envío del proyecto al Congreso. Y ahora la que alzó la voz para manifestar sus críticas a la iniciativa fue la vicepresidente de la Corte Suprema.
La jueza expresó que "en líneas generales" está de acuerdo con las modificaciones que promueve el oficialismo, pero marcó un par de diferencias significativas; entre ellas destacó su oposición al apartado que se refiere a la conmoción social que genera un delito.
"La prisión preventiva por la repercusión social de los hechos no corresponde. Esto estaba antes y después se sacó", señaló en declaraciones a Página/12. "En realidad hay que ver si hay propensión a la fuga y a entorpecer la investigación", indicó.
En el mismo sentido, Highton de Nolasco apuntó: "No es que por la repercusión social que surge o porque los medios lo saquen mucho o porque toda la gente hable de un medio se define la preventiva. No creo que sea un elemento a tener en cuenta. Es darles un poder excesivo a los medios. Va contra la presunción de inocencia. Debieran tener en cuenta cuestiones que hacen al imputado".
Además la integrante de la Corte Suprema dejó en claro que no está convencida de la expulsión de los extranjeros que delinquen: "Tengo mis dudas de que corresponda, pero tengo que estudiarlo mejor. Cometen delitos los extranjeros y los nacionales. No tengo una estadística que diga que los extranjeros cometan más delitos y peores".
Por otra parte, se refirió a la lucha contra el narcotráfico y dejó en claro que alienta una ley que despenalice la tenencia de droga para consumo personal; al respecto diagnosticó que para los jueces sería "más fácil" si se reformara la Ley de Drogas, "para no tener que estar haciendo siempre interpretaciones que pueden ser contradictorias" porque protegen al adicto.
"Creo que sería mejor, porque justamente no hay que perseguir a quien es un enfermo. Hay que ayudarlo, no meterlo en la cárcel o la comisaría. Lo importante es tratarlo. Es la política que hay que hacer. Perseguir a los traficantes, no a los consumidores, a chicos que quizás están en la calle consumiendo un gramo de marihuana en lugar de buscar a quién se la vende", argumentó.
Sucesión en la Corte Suprema
La renuncia formal de Eugenio Raúl Zaffaroni -se irá el 31 de diciembre- aceleró los tiempos de la discusión sobre la necesidad de designar a un nuevo integrante del máximo tribunal de Justicia de la Nación, antes del cambio de Gobierno. Esto sucede porque la Ley 26.183 -sancionada por el Congreso nacional en noviembre de 2006- establece que el cuerpo debe tener un mínimo de cinco miembros, pero desde el 1 de enero sólo tendrá cuatro: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda.
Sin embargo, como el oficialismo no cuenta en el Senado con los votos necesarios (dos tercios) para imponer un nombre de su preferencia, se ve obligado a negociar con una oposición que se niega a darle esa posibilidad y pide que el nuevo integrante sea elegido por la próxima administración nacional.
En ese contexto, Highton de Nolasco, consideró que este Gobierno debería designar a un reemplazante de Zaffaroni, porque "lo ideal sería que la Corte esté completa". Y lo fundamentó: "Sino podemos quedar empatados dos a dos, y si bien se puede llamar a un conjuez para desempatar, el problema es que, al ser alguien ajeno a la constitución del tribunal, que cambie incluso según el caso, puede generar incertidumbre a la jurisprudencia".
Para cerrar el tema, la vicepresidente de la Corte sugirió que el quinto integrante del máximo tribunal debería ser una mujer, porque "sería bueno para mantener un equilibrio de género", debido a que la muerte de Carmen Argibay la dejó "sola".
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