La Justicia pidió la detención de 20 españoles por crímenes cometidos durante el franquismo

La jueza federal María Servini de Cubría ordenó la detención de 20 imputados por crímenes cometidos en España durante el franquismo para que sean extraditados e indagados como sospechosos de distintos delitos graves.

"Los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal", sostuvo la jueza.

Desde hace cuatro años Servini de Cubría investiga los "crímenes del franquismo" en base a las denuncias de varias víctimas, como Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, ejecutado cuando era alcalde de Castro de Rei; o Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado cuando también era alcalde en Salamanca.

En marzo de 2013 la magistrada ya había solicitado a las autoridades españolas la detención preventiva de cuatro ciudadanos de ese país para interrogarlos: Celso Galván Abascal, Jesús Muñecas Aguilar, José Ignacio Giralte González y Juan Antonio González Pacheco, considerados responsables del delito de tortura.

Ahora, en una nueva resolución de casi 300 páginas, la magistrada ordenó detener a Antonio Carro Martínez, Licino de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo, José María Sánchez-Ventura Pascual, Alfonso Osorio García, Jesús Quintana Saracíbar, Carlos Rey González, José Utrera Molina, Fernando Suárez González, Rodolfo Martín Villa, Jesús Cejas Mohedano y Antonio Troncoso de Castro, por "homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas".

La lista la completan Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortes, Atilio del Valle Oter y Abelardo García Balaguer.

A este último se le imputa el delito de sustracción de un menor de 10 años, sancionable con las penas de 5 a 15 años de prisión.

"Todas las personas cuya imputación y detención a efectos de que presten declaración indagatoria se solicitará, tienen fijada su residencia en España. Por tal motivo (...) procede que esta Magistrado curse específicamente a las autoridades españolas pedido de detención, en el marco del procedimiento de extradición previsto en el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal celebrado entre la República Argentina y el Reino de España", sostuvo la magistrada.