Policías de la provincia de Santa Cruz realizan una protesta en reclamo de mejoras salariales. El Gobierno envió gendarmes y prefectos para garantizar la seguridad de la ciudadanía y activó un monitoreo de emergencia para evitar que la situación se replique en otras localidades. En diciembre del año pasado, protestas de fuerzas de seguridad generaron zozobra en varias provincias.
Este viernes, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, fue muy crítico con este tipo de protestas salariales y pidió la intervención inmediata de fiscales y jueces. Es que el funcionario cree que quienes incurren esta práctica están cometiendo el delito de sedición. Además sembró sospechas sobre una supuesta mano opositora detrás de los reclamos. Existe un viejo debate técnico sobre la sindicalización de las policías, prohibida por ley en la Argentina.
"La estrategia urdida por grupos opositores en donde las policías fueron instrumento, el 2 de diciembre de 2013, fue una estrategia golpista, de golpe institucional, de afrenta a las instituciones. Por lo tanto incurren en un delito de sedición, que debe ser investigado por fiscales de la república. Esto requiere repudio y condena. Quien porta un arma debe salvaguardar la seguridad pública", declaró el jefe de Ministros en su contacto diario con periodistas en Casa Rosada.
El funcionario fue enfático y dijo que con esta discusión no puede haber "medias tintas". "El autoacuartelamiento es un delito y además se tiene que terminar con la apología de decir que en diciembre va a pasar tal o cual cosa; o que a partir de ahora va a existir un efecto de propagación en otras fuerzas de seguridad; el pueblo argentino tiene que saber que eso es un delito de sedición", reiteró.
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