Trabajadores de prensa de la TV Pública difundieron un crítico comunicado en el que cuestionaron a los gerentes Carlos Figueroa y Víctor Taricco, a quienes acusaron de intervenir en los contenidos para realizar un "silenciamiento sistemático de voces de la política, del ámbito sindical o de los movimientos sociales a los que consideran opositores simplemente por no coincidir con los lineamientos del gobierno".
De acuerdo a la denuncia del sindicato, en los últimos meses los directivos del canal estatal llegaron al extremo de excluir a invitados que habitualmente son cercanos al oficialismo por el simple hecho de expresar opiniones divergentes a las del gobierno nacional. A modo de ejemplo, los trabajadores recordaron que durante el debate por el traspaso de los terrenos de la ESMA de la Ciudad a la Nación, la legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti fue excluida de la programación porque se había pronunciado en contra de la medida.
"También han dado órdenes de no cubrir, o de cubrir y editar de manera sesgada y parcial, notas de gran repercusión e interés público, en base al supuesto de que estas perjudican al gobierno nacional, a sus integrantes o intereses coyunturales, como las protestas sindicales en Lear, Gestamp y Donnelley, notas vinculadas a la comunidad Qom, o una reciente protesta reclamando mejoras en planes sociales en Chaco que terminó en represión", enumeraron.
Según repasaron los trabajadores, durante el Mundial de Brasil los periodistas de la TV Pública tuvieron prohibido hacer mención al escándalo por la reventa de entradas para proteger a la Asociación del Fútbol Argentino. Es que durante la Copa del Mundo, un informe de la TV brasileña registró a dirigentes argentinos vendiendo entradas en el lobby de uno de los hoteles en los que estuvo la Selección.
A raíz de estas situaciones y de otros reclamos gremiales, los trabajadores de prensa de la TV Pública iniciaron un plan de lucha. La Comisión Interna, enrolada dentro de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), acusó a Figueroa y Taricco de perseguir políticamente a los representantes gremiales que alzaron su voz contra la "distorsión de contenidos" para "ponerlos al servicio de fines políticos-partidarios".
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