El verano ya se siente en la Ciudad de Buenos Aires y Provincia con temperaturas que treparon los 30 grados. El calor trae aparejado un problema que año a año se repite: los cortes de luz, y con ellos se reaviva la discusión sobre los subsidios, las inversiones de las empresas y tarifas.
Desde el año pasado, el juez federal Luis Rodríguez y el fiscal Ramiro González llevan una investigación contra los directivos de Edenor y Edesur. Se los investiga en función de subsidios estatales a los que acceden, aunque las empresas nieguen recibirlos, y de si se realiza una inversión para garantizar la provisión de energía,. También buscan comprobar si en épocas críticas de altas temperaturas hay planes de emergencia para hacer frente a un mayor consumo.
Los directivos de Edenor y Edesur están imputados en la investigación, y ante la llegada del verano y eventuales cortes reiterados, será clave para determinar responsabilidades.
Ahora, el juez Rodríguez ordenó a un perito contador y otro ingeniero, ambos de la Corte Suprema de Justicia, que evalúe los planes de inversión, mantenimiento, renovación de materiales y distribución del servicio desde 2003 a la actualidad que hicieron ambas empresas.
El juez pidió que los expertos determinen si respecto a los cortes del año pasado pudieron darse por cuestiones climáticas, por un crecimiento de la demanda o bien debido a la falta de inversión. Por eso el estudio apuntará a determinar si fueron hechas correctamente las inversiones o bien existió un desvío de fondos.
También pidió evaluar la utilización de fondos remanentes sin ejecutar en el fideicomiso, fondos existentes para obras de consolidación y expansión de distribución eléctrica, y si Edenor y Edesur cumplieron con el Plan Operativo de Emergencia en el último año.
En el oficio en que ordenó el estudio, detalló que se establezcan los recursos destinados, la disponibilidad de personal, grupos electrógenos utilizados, sistema de aislamiento de fallas, diagramas de guardias, atención a llamadas de emergencia, y si hubo o no incumplimiento por parte de las prestatarias.
La investigación también apunta a los controles. Por ello pidió que los peritos establezcan si desde el ENRE se aplicaron los protocolos de control y monitoreo sobre el funcionamiento de las empresas prestatarias.
Este año y ante los pedidos de informe, Edenor y Edesur negaron recibir subsidios y aseguraron que pese a las pérdidas que afrontan, las inversiones se fueron haciendo para proveer el servicio de energía. Según Edenor, "opera a pérdida"; y Edesur justificó que "deben asumir perjuicios por tarifas que no permiten cubrir los costos de explotación".
Ante la Justicia, Edenor dio una respuesta más amplia, y aseguró que el año pasado "el número de usuarios afectados no fue significativo (sólo un 0,4 por ciento de sus clientes) en general no superaron las 24 horas corridas sin servicio, ni fueron masivos".
Según ese informe presentado por Edenor, que es parte del expediente judicial al que accedió Infobae, por cada peso de ganancia que ingresa, salen 2,8 pesos; el año pasado tuvo un déficit de 1.972.000.000 y desde 2003 a la fecha fueron invertidos unos 9.085,2 millones de pesos.
La investigación también apunta a la responsabilidad de funcionarios públicos del área del Ministerio de Planificación Federal y del organismo de control.
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