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La falta de dólares se está volviendo un problema cada vez mayor para el Gobierno, y con un mercado inmobiliario estancado, la Cámara de la Construcción, acompañada por el resto de las entidades del G-6, le propuso al ministro de Economía, Axel Kicillof, modificar la reglamentación de la Ley de Exteriorización y Repatriación de Capitales para reimpulsar el blanqueo y reactivar, mediante el Cedin, el mercado inmobiliario.
La propuesta había sido realizada por Gustavo Weiss durante el último encuentro que el G-6 había mantenido con el ministro. Finalmente, los empresarios fueron recibidos ayer por Kicillof. Además del directivo de la construcción, participaron la Cámara argentina de Comercio (CAC); la Bolsa; la Asociación de Bancos Argentinos de Capital Privado (Adeba) y la UIA. Nuevamente, el ausente fue el representante de la Sociedad Rural.
No se habló de propuestas concretas, coincidieron varias fuentes que participaron de la reunión. Sin embargo, Weiss repasó algunos puntos de la reglamentación de la AFIP que, según estudió la cámara, dificultan la operatoria y vuelven poco atractiva la repatriación de divisas para adquirir un instrumento como el Cedin que no tiene mercado secundario. El ministro les pidió que le presenten por escrito una propuesta concreta para estudiar eventuales cambios.
En diálogo a El Cronista, Weiss adelantó que "son cambios vinculados con la reglamentación que le hizo AFIP a la norma" y "buscarán darle mayor operatoria al Cedin en el mercado bursátil". El directivo afirmó que el objetivo es generar mayor liquidez, ya que de esa manera es más probable que haya gente que quiera blanquear dólares.
Hoy existe un mercado secundario muy pequeño de "cedines" porque no hay volumen. Apenas ingresaron unos 900 millones de dólares para la adquisición de este instrumento, de los cuales el 70 por ciento fue destinado a la compra de propiedades.
La adquisición de los Baade "el otro bono lanzado para financiar proyectos energéticos" fue menos exitosa aún, con apenas 86 millones de dólares colocados. Lejos están estos números de llegar a los 4.000 millones de dólares anunciados por el Gobierno cuando lanzó el régimen, a mediados del 2013.