El jefe de Investigaciones de la Policía del departamento de Canindeyú, noreste de Paraguay, donde fue asesinato un periodista presumiblemente por narcotraficantes, dijo hoy que el narcotráfico tiene protección política, lo que dificulta luchar con eficacia contra ese delito.
En declaraciones a la emisora radial 800 AM, el comisario Juan Barua habló hoy de las dificultades que afrontan los policías para luchar contra los narcotraficantes.
El jueves pasado fue acribillado a tiros por dos sicarios el periodista Pablo Medina, corresponsal del diario ABC Color en Curuguaty -distante 250 kilómetros de Asunción-, una zona azotada por la violencia relacionada a la producción y venta de marihuana.
Las autoridades emitieron orden de captura contra Vilmar "Neneco" Acosta Marques, intendente de Ypehú, señalado como presunto ideólogo del crimen y actualmente prófugo. Ypehú, en la frontera con Brasil, está ubicada a 90 kilómetros de Curuguaty, en la zona de influencia de la cobertura del periodista Medina, quien retornaba a su hogar desde esa zona cuando fue atacado por los sicarios.
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Hace tiempo que Medina venía publicando presuntas actividades de Acosta Marques vinculadas con el narcotráfico y denunciaba las amenazas del intendente en su contra, lo cual lo obligaba a solicitar guardia policial. Las publicaciones referían también que un hermano del intendente cayó preso en el Brasil por cuestiones relacionadas con la droga.
El jefe del Departamento de Investigaciones de Canindeyú, Juan Barua, reveló que cuando se detenía a un sospechoso de vender drogas, era liberado al día siguiente y el jefe policial que había ordenado el arresto era trasladado. "Había protección política para delincuentes, el camión que fue requisado en la Municipalidad de Ypehú estaba preparado con doble fondo para drogas", afirmó Barua.
El comisario aludió a un camión incautado en el local de la propia Municipalidad de Ypehú con doble fondo. "Anteriormente no se podía hacer nada, ya que había protección política para los delincuentes, se encubría a todos", insistió el jefe policial.
El periodista asesinado solía informar sobre la guerra de clanes de producción y comercio de marihuana existente en la zona, uno de los cuales presuntamente es liderado por los hermanos Acosta Marques.
El caso salpicó también a la influyente diputada colorada del departamento de Canindeyú Cristina Villalba, cercana al intendente prófugo, de quien dijo que pertenece a su equipo político. En una conferencia de prensa, la legisladora admitió hoy que, tras el crimen del periodista, recibió una llamada del intendente prófugo, quien estaba preocupado por las acusaciones en su contra.
Según afirmó Villalba, le recomendó presentarse a la Justicia. La cuestión fue centro de debate de paneles periodísticos durante el fin se semana, que analizaron ampliamente la incidencia del crimen organizado en la política nacional.
Al respecto, uno de los analistas, Bernardino Cano Radil, afirmó que si el Gobierno no logra contener ahora la creciente influencia del narcotráfico, el país se encamina a situaciones parecidas a las de Colombia y México.
Entretanto, el corresponsal del diario Última Hora en la misma zona, Elías Cabral, también denunció hoy que recibió amenazas de muerte. Representantes de gremios periodísticos reiteraron hoy su reclamo al Gobierno de garantías para el ejercicio de la profesión.
El ministro del Interior, Francisco de Vargas, prometió el apoyo del Gobierno y aseguró que "sean quienes sean los responsables (del asesinato) serán capturados y (el crimen) no quedará impune".
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