El debate mediático instalado por Alex Freire y Aníbal Pachano sobre el sistema de salud y el acceso a medicamentos de HIV tiene su lado positivo. Más allá de las banalidades y la farandulización de la discusión, en este momento tan particular que vive la Argentina, me parece acertado poner el foco de atención en esta temática.
En primer lugar, los últimos datos científicos son alentadores. El informe de la Agencia de las Naciones Unidas para el VIH-SIDA (Onusida) que se dio a conocer en Ginebra en julio de este año, asegura que se puede controlar la epidemia hacia 2030. Según el balance del organismo internacional, en la última década se redujeron más de 35% el número de muertes y 38% las nuevas infecciones por el virus.
En el plano nacional las noticias también son favorables. Según el informe de Onusida la Argentina es el país de la región con mayor cobertura contra el VIH gracias a una ley que obliga al Estado y a las obras sociales a proveer gratuitamente la medicación. Esta universalidad en las políticas públicas merece ser destacada.
Desde 1995, nuestro país garantiza el acceso gratuito a la medicación para el VIH a través de la Ley 24.455 que establece la obligatoriedad para las Obras Sociales de ofrecer tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos. En 1996, la Ley 24.754 incorporó la atención por parte de las empresas de medicina prepaga. En el caso de quienes no cuentan con obra social o prepaga, es el Estado Nacional a través de los hospitales públicos quien garantiza el acceso a los tratamientos, cubriendo aproximadamente al 70% de las personas en tratamiento.
En lo que debería avanzar el gobierno nacional es en campañas publicitarias masivas para incentivar a la población en la realización del test para detectar el HIV. En salud, como en la vida, siempre es mejor prevenir que curar. Y puntualmente, en el caso de infecciones con HIV, la clave es detectar cuanto antes el virus para iniciar el tratamiento lo más pronto posible.
Incrementar nuestras estrategias de acceso masivo al test, para de esa manera conectar rápidamente a los pacientes con el sistema de salud. Esa es la premisa esencial en esta discusión, porque iniciar antes el tratamiento mejora la co-morbilidad, cosa esencial para mejorar la calidad de vida de las personas, y baja el costo de la Salud Pública. Sin dejar de lado, que esto también disminuye la probabilidad de contagio
Nosotros, desde Laboratorios Richmond, como así también otros laboratorios nacionales, hemos invertido recursos humanos y financieros en mejorarles la calidad de vida a los pacientes de HIV-SIDA. El año pasado lanzamos un medicamento producido localmente que combina dos inhibidores de la proteasa. La proteasa es una enzima que actúa en la reproducción del virus.
Por otro lado, hemos logrado concentrar todo en una sola pastilla que conjuga el Darunavir 600 mg y el Ritonavir 100 mg. Dicha unión permite bajar la cantidad de tomas de comprimidos a la mitad, lo cual facilita la vital adherencia al tratamiento y acota el riesgo de resistencia del virus. El Darunavir, que es el que tiene acción terapéutica, sólo es efectivo si se co-administra con ritonavir.
En Argentina existe una ley que obliga al Estado, a las obras sociales y a las empresas de medicina pre paga a cubrir el tratamiento del VIH (ley de SIDA y PMO) y que todos los gobiernos cumplieron. Si eventualmente alguna nueva autoridad no lo honrara estaría faltando a una ley nacional, con todo lo que ello implica, y semejante retroceso sería inaceptable para la sociedad toda.